21 noviembre 2007
16 noviembre 2007
Masaya: Resolución Municipal para firma de Convenio con BPBV
El Lunes 05 de noviembre de 2007, en Resolución S.O. XI-326-07, el Concejo Municipal de Masaya autorizó al Alcalde Municipal, Ing. Orlando Noguera, a firmar el Convenio de Colaboración entre el Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV) y la Alcaldía Municipal en el marco del Proyecto La inscripción en el Registro Civil: “Un derecho para tener derechos” (PIRC).
Este Convenio establece los niveles de vinculación de ambas partes durante la ejecución del proyecto, así como los mecanismos generales de comunicación y seguimiento de las actividades.
Luego de Masatepe y Niquinohomo, la Alcaldía de Masaya es la tercera municipalidad que firma un Convenio bilateral en el marco del PIRC y es la Alcaldía que ha mostrado gran interés en aunar esfuerzos conjuntos para lograr un impacto a nivel departamental, sobre todo en lo que se refiere al fortalecimiento de las nueve oficinas del Registro Civil del departamento de Masaya a través de capacitaciones y apoyo técnico en equipos y suministros.
Este Convenio establece los niveles de vinculación de ambas partes durante la ejecución del proyecto, así como los mecanismos generales de comunicación y seguimiento de las actividades.
Luego de Masatepe y Niquinohomo, la Alcaldía de Masaya es la tercera municipalidad que firma un Convenio bilateral en el marco del PIRC y es la Alcaldía que ha mostrado gran interés en aunar esfuerzos conjuntos para lograr un impacto a nivel departamental, sobre todo en lo que se refiere al fortalecimiento de las nueve oficinas del Registro Civil del departamento de Masaya a través de capacitaciones y apoyo técnico en equipos y suministros.
08 noviembre 2007
Legalización de asentamientos humanos espontáneos (2000-2006)
Video-Presentación acerca del impacto en la equidad de género del Proyecto de Legalización de Asentamientos Humanos Espontáneos, ejecutado en el período 2000-2006 por el Bufete Popular “Boris Vega” en Masaya, Nicaragua, con el que se obtuvo el PRIMER PREMIO en la Feria Competitiva de proyectos financiados en Centroamérica por COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación).
Foro-seminario sobre el CDM de Niquinohomo
En la foto: el Compañero Raúl Chávez Jirón, responsable del proyecto PIPCM, coordina la actividad mientras se expone en pantalla un esquema sobre el funcionamiento del Comité de Desarrollo Municipal.
En el marco del Proyecto "Institucionalización de la Participación Ciudadana en el Departamento de Masaya" (PIPCM), el 6 de noviembre de 2007, en el auditorio del BPBV, se facilitó y desarrolló un breve foro-seminario acerca del procedimiento de institucionalización del Comité de Desarrollo Municipal (CDM) de Niquinohomo y la presentación de propuesta de Ordenanza Municipal constitutiva del CDM.
Esta actividad contó con la presencia y participación de tres concejales de la municipalidad de Niquinohomo, el asesor legal de la Alcaldía y la Comisión Promotora de la Ordenanza del CDM, esta última integrada por representantes del CDM actual y representantes de las Asociaciones de Pobladores de ese municipio.
El objetivo de esta actividad fue promover un proceso abierto y propositivo respecto al fortalecimiento del espacio de incidencia que representa el CDM mediante el diálogo entre los actores clave de Niquinohomo.
01 noviembre 2007
Primer Concierto Cultural de Participación Ciudadana en Masaya
CONVOCATORIA ABIERTA
En el contexto de la implementación del Proyecto Fortalecimineto de la organzanización social para mejorar la efectividad de la incidencia ciudadana en políticas públicas locales en el muicipio de Masaya, ejecutado por el BPBV en colaboración con el Fondo Común, el Consejo Municipal de Presidentes de Asociaciones de Pobladores del municipio de Masaya, convoca al primer concierto cultural de participación ciudadana a efectuarse el día once de noviembre del 2007 de las 2.00 Pm a las 5.00 Pm en el Parque Central de la ciudad de Masaya "Julio Cesar".
En este evento, el BPBV presentará un disco con 10 piezas musicales inéditas sobre el derecho de participación ciudadana, las cuales serán acompañadas por coreografía de grupos juveniles del municipio. Asimismo, se presentará un sociodrama y un monólogo sobre el mismo tema y habrá bailes de distintos grupos de danza.
Se pretende que este sea un evento participativo de alegría, comunicación y solidaridad, tanto de organizaciones como de instituciones públicas y privadas que contribuya a fortalecer el consenso social para el impulso del desarrollo de Masaya. Al evento están invitadas todas las organizaciones que trabajan el tema de salud reproductiva y el Ministerio de Salud, a fin de aprovechar esta oportunidad para entregar material divulgativo sobre sus programas.
31 octubre 2007
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES EUROPEAS EN AMERICA LATINA – UNION FENOSA
Audiencia de Managua, 12 y 13 de octubre del 2007
1. INTRODUCCIÓN
El Tribunal Permanente de los Pueblos establecido en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976), tiene como su vocación y Estatuto dar visibilidad y calificar en términos de derecho todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales, sea a nivel nacional o internacional. A lo largo de los más de 25 años de su historia y a través de sus 33 sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompañado, anticipado y respaldado las luchas de los pueblos contra el espectro de violaciones de sus derechos fundamentales, incluyendo la negación de la autodeterminación, las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras y esclavitudes de la economía y la destrucción del medio ambiente.
El Tribunal inicia una sesión un poco atípica dentro de su trayectoria, pues se trata de una sesión conformada por varias audiencias, a realizarse en diferentes momentos, con el fin de poder examinar detenidamente el tipo de intervención de las empresas transnacionales en sus diversos campos de actuación. Se ofrece una ocasión privilegiada para el Tribunal que le permitirá observar en directo prácticas económicas que afectan profundamente la vigencia de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de los diferentes países donde operan
Según el acuerdo definido con la Fundación Internacional Lelio Basso y la Secretaria General del TPP, en está audiencia se ha contado con la colaboración del Movimiento Social Nicaragüense “Otro mundo es posible”.
Adhirieron y participaron numerosas organizaciones de Nicaragua:
Asociación de consumidores de Quilalí
Asociación de Defensa del Consumidor de Nicaragua
Asociación de Consumidores de Granada
Asociación de Consumidores de León
Asociación de Consumidores de Masaya
Asociación para el desarrollo de la Comunidad 19 de Julio
Asociación por los Derechos Humanos por los trans, gays y lésbicos
Asociación Soya de Nicaragua.
Asociación de Afectados por el Nemagón
Centro de Estudios Internacionales
Comité de Acción Global
Comité de Solidaridad Zapatista
Comunidades Eclesiales de Base
Fundición Popol Na
Grupo de Solidaridad el Arenal
Liga de defensa del consumidor de Nicaragua
Movimiento Indígena de Subtiaba
Movimiento Comunal Nicaragüense
Movimiento Comunal de Matagalpa
Movimiento Ambientalista de Matagalpa
Movimiento Social Alternativo Estela
Movimiento Social Nueva Segovia
Movimiento Social Matagalpa
Movimiento por el rescate del Sandinismo
Red Nacional de Defensa del Consumidor
Red de Jóvenes por la Defensa de los Derechos Humanos
Adhirieron y participaron desde el ámbito internacional:
Alianza Social Continental
Campaña Internacional Unión Penosa
Asociación Entrepueblos
Jubileo Sur
Red Birregional de América latina y la Unión Europea
El Jurado nombrado por el Tribunal Permanente de los Pueblos ha incluido como Juez a:
-Vilma Núñez de Escorcia, quien fuera Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua entre 1979 y 1988; Comisionada Nacional de Derechos Humanos hasta 1990 y luego Presidenta Fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH. Es además Vicepresidenta desde 1998, de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Como Conjueces:
Juan Hernández Zubizarreta del País Vasco, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco. Miembro del Consejo Económico y Social del País Vasco. Ex Decano de la Escuela Universitaria de la Universidad de Relaciones Laborales del País Vasco. Miembro del equipo investigador del Instituto Universitario Hegoa.
Ivonne Yánez de Ecuador, militante del ecologismo desde hace más de 20 años. Miembro fundadora del reconocido grupo Acción Ecológica de Ecuador y de la Red Internacional Oilwatch. Licenciada en Biología, con una maestría en Relaciones Internacionales en FLACSO.
Gustavo Castro Soto (México), fundador de la campaña “Agua y Energía” en Chiapas. Miembro de la Red Jubileo Sur, Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) y de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y de la Red Latinoamericana contra Represas y por sus Ríos, Comunidades y el Agua (REDLAR). Fundador de Otros Mundos, A.C.
Y en representación del Secretario General del TPP – Gianni Tognoni-, Dolores Jarquín.
Los trabajos se desarrollaron a través de tres sesiones públicas precedidas de una sesión inaugural según el programa detallado que se ofrece en anexo, las cuales contaron con la presencia de un gran número de miembros de diferentes organizaciones sociales. Testigos y expertos presentaron oralmente la demanda central, los casos documentados y análisis conceptuales de carácter económico y de derechos humanos, además respondieron a las preguntas realizadas por los miembros del Jurado.
El Jurado quiere subrayar la alta calidad de los informes y de los testimonios presentados, así como la riqueza de la documentación que en forma impresa o electrónica fue puesta a disposición del Tribunal, para respaldar con copias de documentos originales todos los detalles de los casos y de las situaciones referidas en la Audiencia , donde se constatan una serie de violaciones a los derechos humanos.
Es evidente que la violación de estos derechos se beneficia de vacíos jurídicos en el derecho internacional, lo que ha permitido que muchos niveles de decisiones fundamentales para la supervivencia de los pueblos y de enormes capas sociales dentro de ellos, queden en manos de la voracidad rentista de los grandes capitales.
No obstante, es oportuno señalar de manera categórica que la normativa existente a nivel internacional producto del desarrollo jurídico proporciona un marco que debe respetarse adecuando los comportamientos de actuación de las Empresas Trasnacionales y los requerimientos y exigencias de los Gobiernos a tales Empresas para que respeten los derechos humanos que como Estado están en la obligación de garantizar a sus habitantes.
La falta de este comportamiento por parte de los actores involucrados – Unión FENOSA, Gobierno de Nicaragua, Gobierno del Reino Español y Organismos Financieros Internacionales - ha demostrado los graves daños que están causando a un gran número de personas (hombres, mujeres, niños y niñas) en Nicaragua.
Los efectos del comportamiento de la Empresa Trasnacional Unión FENOSA en Nicaragua, producto de las privatizaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y obedientemente aplicadas por el gobierno de Nicaragua, han originado situaciones en abierta contradicción con el respeto a los Derechos Humanos en general de los y las nicaragüenses especialmente de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocidos en los instrumentos internacionales.. Así como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo que se refiere a los Derechos Laborales.
2. HECHOS
Consideraciones Generales
Consideramos que la transnacional Unión FENOSA ha violado el marco jurídico institucional, constitucional y la normativa internacional, auxiliándose con los co-actores nacionales, quienes también son responsables en la presente demanda. Ello deriva en la violación de los derechos humanos de la mayoría de los y las nicaragüenses.
Unión Fenosa es una empresa de origen español que está operando además en otros 12 países. En la actualidad está presente en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Egipto, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Holanda, Hungría, Irlanda, Kenia, Marruecos, México, Moldavia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, Túnez, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe. Presta servicio a 8,7 millones de clientes de gas y electricidad.
Cabe señalar que el Jurado toma conocimiento de los sinnúmeros conflictos y violación a las leyes en países centroamericanos, en el Caribe (Rca. Dominicana, de donde fuera expulsada) y Colombia.
En Nicaragua, Unión Fenosa comienza a operar en el año dos mil, cuando el poder ejecutivo otorgó la concesión y la Asamblea Nacional aprobó a un plazo de treinta años la distribución y comercialización de energía eléctrica otorgándole el carácter dominante de monopolio a DISNORTE (Distribución de Electricidad del Norte S.A.) y DISSUR (Distribución de Electricidad del Sur S.A. con el 79.54% de las acciones).
A partir de esa fecha las y los nicaragüenses han sufrido constantes violaciones ya que bajo el argumento de tener pérdidas (a nivel de auditoría realizadas), Unión Fenosa decide cometer irregularidades no pagando a las generadoras, que a su vez dejan de suministrar electricidad y juntas prefieren dejar a la población sin suministro eléctrico. Esto como medida de chantaje a los Gobiernos, incluído el actual, ignorando los impactos sobre la población y la economía del país que ellos provocan.
Se constata que los permanentes racionamientos vienen generado los siguientes daños y perjuicios: afectación psicológica de la población al cambiar sus horarios de trabajo en función de cuando hay energía para trabajar; problemas de salud pública por falta de refrigeradores para alimentos frescos tanto en los comercios como en los hogares; las crisis de ansiedad de las personas de la tercera edad al encontrarse sin energía en sus domicilios; los graves problemas de inseguridad ciudadana por la noche; problemas de atención sanitaria (retraso de atención diaria, diagnósticos o intervenciones quirúrgicas) ; falta de suministro de agua en muchas poblaciones debido a la ausencia de electricidad; suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades y retraso en los planes de estudio; elevado incremento de los costos en todas las empresas, comercios y mercados debido a la reducción en los horarios de trabajo y tener que complementar la falta de energía con generadores; asociado a ellos, problemas auditivos por el ruido y respiratorios por la contaminación de los generadores; afectación a los medios de comunicación locales que sólo emiten cuando hay suministro; incontables pérdidas provocadas a la ciudadanía por daños en equipos eléctricos por grandes subidas de tensión vinculada a los racionamientos.
Se constata la existencia de discriminación en los racionamientos más allá de razones estratégicas aducidas. Según la empresa, los racionamientos están discriminados por zonas para no afectar hospitales, zonas militares, zonas empresariales, edificios gubernamentales, etc. Pero en la práctica y según múltiples testimonios, en zonas rurales de baja renta y en asentamientos de Managua y otras ciudades importantes, los horarios de racionamiento se dilatan muchísimo más de lo informado y cuando se llama al teléfono de atención al cliente de Unión Fenosa el argumento de los operadores es que en el barrio hay mucha gente que no paga.
Se constata la ausencia de inversión en el mantenimiento de la red de distribución eléctrica, provocando pérdidas de vidas humanas, y continuas averías que dejan sin suministro eléctrico a los usuarios (en zonas rurales, un poco de lluvia o viento son factores suficientes para dejar sin servicio eléctrico a la población).
Se constata la ausencia de inversión en el mantenimiento del alumbrado público que se cobra en la factura. Se han detectado múltiples casos de cuando un transformador se estropea, si un usuario que paga pide que se arregle le dicen que haga que paguen los vecinos que están « pegados » y que si no, no van a arreglarlo, dejando a la población sin suministro eléctrico por semanas, pretendiendo obligar a la población a que haga de cobrador de sus propios vecinos.
Se constata la ausencia de atención a los pobladores de asentamientos que llevan años solicitando ser legalizados, a pesar de que la compañía se queja de los robos de energía por parte de los mismos. A su vez, estas quejas no coinciden con las informaciones facilitadas por el propio vicepresidente de Unión Fenosa en Nicaragua quien aseveró que los robos por parte de los asentamientos representan solo un 6% de las pérdidas técnicas totales, que están en un 30%.
Se constata la reducción de su presencia en el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales, como parte de su política de ahorro de costos, en las que ha rebajado su personal en un 70%, aun cuando el número de usuarios se ha incrementado en un 35%. Esto genera por ejemplo que en San Juan de Limay o Quilalí, zonas rurales a 2.5-3 horas en autobús de las ciudades con oficina Unión FENOSA, se haga imposible para gran parte de la población desplazarse para presentar reclamaciones, al perder un día de trabajo.
Se constata la desviación de presupuesto por parte de muchas alcaldías dedicando así parte de sus pequeños recursos para facilitar a funcionarios que atiendan a sus ciudadanos por problemas que en realidad son ocasionados por Unión FENOSA, ausentes en la localidad. Por otro lado, alcaldías como la de San Juan de Limay han tenido que desviar parte de sus presupuestos para invertir en asentamientos que Unión Fenosa se niega a cubrir, tal como estipula la ley que obliga al suministro energético a poblaciones ubicadas incluso a más de los 150 metros del casco urbano.
Los abusos a los usuarios del servicio eléctrico son innumerables. Según el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Energía (INE ente regulador) se reciben 3000 reclamaciones mensuales de usuarios, o sea 36.000 reclamaciones al año. Sobre 600.000 usuarios, significa que un 6% de los usuarios reclama en segunda instancia luego de dirigirse a la empresa. La vicepresidencia de Unión Fenosa nos informó que contabilizan unas 4500 reclamaciones mensuales en primera instancia (54.000 al año). 9% de todos los usuarios hace reclamo.
Unión Fenosa dice ejercer políticas activas en materia de Responsabilidad Social Corporativa habiendo recibido diversos reconocimientos internacionales. Para el año 2008, Unión Fenosa ha declarado un Día Solidario con Nicaragua, aportando 300000 dólares para proyectos de promoción, acceso y permanencia en las aulas escolares. Estas supuestas prácticas responsables no son más que marketing humanitario que pretende ocultar los graves impactos sociales provocados por la empresa en su actividad cotidiana en Nicaragua así como en otras latitudes.
Los principales abusos de Unión Fenosa a los usuarios del servicio eléctrico son:
- Incremento injustificado de las facturas por encima de lo regulado por el INE: a) cobros por conceptos indebidos (impuesto de la municipalidad o alumbrado público aun cuando no existe); b) cobros por atrasos no justificados c) cobros por re-conexión por cortes erróneos d) cobros por errores en la lectura de los medidores (muy vinculado a la precarización laboral y contratos que se explican más adelante) e) cambio de contadores que doblan el consumo.
- Los usuarios reciben facturas desproporcionadas trás hacer arreglos de pago; no hay transparencia (los trabajadores no están autorizados a informar sobre las tarifas); se dan allanamientos de morada y cambios de medidores sin autorización del usuario; el servicio de atención telefónica miente al explicar las causas de los apagones fuera de los horarios de racionamientos; no se respetan los 15 días de notificación previo a la suspensión del servicio; hay indexación de la tarifa al dólar estadounidense, lo cual es ilegal; hay respuesta tardía en la reparación de averías (diversos ejemplos de semanas transcurridas sin atender averías en diferentes zonas del país); obligación de permanencia domiciliaria al usuario reclamante para evitar cortes ya que Unión Fenosa no tiene comunicación con las contratistas ambulantes que implementan la desconexión; falta de respuesta ágil de Unión Fenosa a los reportes de desperfectos graves que ponen en peligro la vida de las personas, como por ejemplo el caso de una niña en el Mercado Oriental de Managua electrocutada mortalmente en mayo de 2007; cobro a nuevos usuarios de hasta 3 meses de consumo, cuando la ley sólo permite 32 días; obligación impuesta a nuevos usuarios de un inmueble a asumir las deudas de habitantes anteriores; utilización de acusaciones de mora por parte Unión Fenosa llegando a considerar al usuario acusado como nuevo cliente obligando a un nuevo depósito de fianza.
La política laboral de Unión Fenosa.
La política de reducción de costos de Unión Fenosa afecta a sus trabajadores y contratistas. La política de flexibilización laboral generó más de 400 despidos a partir de noviembre de 2000, al adquirir la mayor parte de la distribución. Dicha flexibilización provoca también la precariedad permanente de sus trabajadores.
Así mismo, la empresa ha institucionalizado las contratas para extender servicios conexos a la distribuidora eléctrica incluyendo la lectura de medidores, cobros, cortes del servicio, instalación del servicio, call centers, etc. Estas violan sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y Unión Fenosa es responsable por esta situación que incluye: la aplicación de polígrafo para contratación, el no ofrecer al trabajador copia de su contrato, el no pago de la seguridad social, establecimiento de sueldos que no cubren el costo de la canasta básica, incumplimiento de normas de seguridad laboral, contratación de personal no capacitado para desarrollar las tareas asignadas, alta rotación de personal, no pago de viáticos, y otros. Toda esa práctica también provoca el encarecimiento de los costos de explotación junto al deterioro de los servicios prestados a los usuarios.
Unión Fenosa hostiga a los sindicatos, denunciándoles ante la policía y montando juicios legales a líderes sindicales y trabajadores y se niega a negociar un convenio laboral. Hay indicios suficientes para establecer que los contratistas son empresas “allegadas” que terminan provocando “aumentos en las pérdidas reales”, mayores niveles de ineficiencia y mal servicio denunciados reiteradamente y en número creciente.
Coautores responsables de la crisis energética.
El problema del sector eléctrico en Nicaragua es un problema complejo, donde, además de la responsabilidades principales que corresponden a Unión Fenosa existen otros responsables.
Los anteriores gobiernos contribuyeron al problema energético al no ocuparse por buscar un cambio en la matriz energética (en la generación), que llevase hacia una menor dependencia sobre el petróleo con una matriz formada por energías renovables. Nicaragua tiene un gran potencial en renovables.
El Estado no ha ejercido el papel exigido en defensa de su población: el ente regulador (Instituto Nicaragüense de la Energía – INE) en la práctica es inoperante al permitir a Unión Fenosa y a las generadoras incumplir la legislación de forma sistemática.
El actual Gobierno de Nicaragua.
Los medios de comunicación divulgaron la firma que se realizó por parte del gobierno de un “Memorando de Intención” en España a finales de Junio del 2007. Aquí lo único que hace la compañía española es comprometerse a hacer lo que ya está comprometido hacer en su contrato. De esa manera, la empresa rehuye a la indemnización y a la restitución al pueblo nicaragüense por el incumplimiento de sus obligaciones dejando al país en una grave crisis energética.
A cambio, el gobierno nicaragüense se comprometió a promover en la Asamblea Nacional la adopción de la Ley 554 de Estabilidad Energética y la Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los Servicios Públicos. Con estas leyes se pretende congelar la tarifa eléctrica de los consumidores, y pagar a cuenta del erario público la diferencia entre la tarifa cobrada y el costo real de la energía.
Por su parte, Unión Fenosa suspende el proceso abierto contra el gobierno en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, aseguradora del Banco Mundial). Allí reclama 53 millones de dólares al gobierno nicaragüense por apropiación indebida de sus inversiones al iniciar el INE el proceso de arbitraje. El compromiso del gobierno radica en anular dicho proceso de arbitraje y no abrir ningún otro que pudiera enturbiar las relaciones.
A su vez el propio gobierno recurre al mercado regional centroamericano para adquirir energía que permita paliar el déficit de generación del mercado nacional.
Instituciones financieras internacionales.
Éstas han jugado un papel clave, apoyando un modelo que justificaba las privatizaciones como una forma de liberar recursos para pagar la deuda procurando las garantías jurídicas para que el capital privado invirtiese planificando únicamente la obtención de beneficios en el corto plazo. El arma ideológica de todo ello, ha sido como siempre, la vinculación al denominado alivio y la refinanciación de la deuda externa a las condicionalidades cruzadas con el proceso de privatización y la firma de PPA’s.
Las empresas generadoras vinculadas a la elite nicaragüense y a la clase política.
Las empresas son responsables ya que al buscar la maximización del beneficio en el corto plazo, sin tener en cuenta ningún otro criterio no realiza las inversiones necesarias en sus plantas, lo que impediría problemas técnicos por falta de mantenimiento como los que se han dado últimamente. Si estos comportamientos han tenido lugar es porque los diferentes gobiernos vinculados a las privatizaciones así lo han permitido.
Esto ha derivado en la situación actual en las que las generadoras están jugando un papel importante en los cortes de suministro eléctrico a Fenosa, sea por fallos técnicos o por la misma falta de inversión, por la inexistencia de un mecanismo eficaz para que Unión FENOSA les pague la energía entregada o bien como medio de presión al gobierno para seguir cobrando, en condiciones extremadamente ventajosas.
El Gobierno del Estado español
Este da su apoyo político y económico a la empresa Unión FENOSA, demostrado por las múltiples declaraciones en los medios de comunicación por parte de los miembros de los distintos Gobiernos españoles, por secundar los Planes de Ajuste Estructural y todas las condicionalidades impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales (de las que forma parte el gobierno) y por el cambio en las políticas de concesión de la ayuda oficial al desarrollo bilateral a través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo. Estos fondos, que se convierten en deuda externa bilateral de Nicaragua a favor del Estado español han cambiado significativamente su naturaleza, pasando en parte de proyectos de salud y educación a proyectos de apoyo al sector eléctrico privatizado.
El Tribunal ha podido conocer que Unión Fenosa ha actuado de manera similar en Guatemala, ya que los abusos y deficiencias utilizadas por la empresa a fin de incrementar sus ganancias en detrimento de las condiciones de vida de la población guatemalteca presentan los mismos elementos.
En el contexto de esta sesión, el Tribunal pudo escuchar exposiciones de representantes de El Salvador y Honduras con problemas similares. En Honduras la transnacional ACEA de Italia a través de la empresa Aguas de San Pedro. En el Salvador la transnacional pesquera española Calvo y la eléctrica estadounidense AES Corporation.
3. CONSIDERACIONES
3.1. La globalización neoliberal significa privatización y profundización de la apertura comercial y la desregulación radical de los regímenes financieros y de inversión. Este escenario fue creado para que las principales beneficiarias sean las corporaciones multinacionales cuyas sedes se encuentran principalmente en los países del Norte industrializado.
El avance del poder transnacional sobre todos los ámbitos de la economía y la sociedad se da a costa del detrimento y desmantelamiento de los Estados nacionales en el Sur que mantienen un rol exclusivamente funcional al capital transnacional. La realidad a la que se enfrentan los pueblos es que los derechos corporativos se sobreponen a los derechos humanos, fundamentales y colectivos.
Las corporaciones vinculadas a la energía que incluyen empresas petroleras y de electricidad, se han apropiado de los recursos energéticos y han convertido en fuentes de lucro lo que son derechos, como es el acceso al agua o a la energía que constituyen elementos indispensables para el cumplimiento del derecho a una vida digna.
3.2. El Derecho Comercial global que regula los derechos de las empresas transnacionales se coloca jerárquicamente muy por encima de los derechos de las mayorías sociales.
La fortaleza jurídica que representan las normas multilaterales de comercio e inversiones, los tratados regionales y bilaterales, los contratos de explotación y los tribunales arbitrales son el telón de fondo sobre el que actúan con total impunidad las transnacionales.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos queda sometido a las relaciones de poder, a la privatización de los mismos y a la bilateralidad asimétrica. Son normas que no son capaces de neutralizar el poder político económico y jurídico de las transnacionales. La pirámide normativa debe ser invertida, situando los Derechos Humanos en el vértice de la misma.
3.3. En el caso de Nicaragua esto ha sido patente. A partir de las presiones internacionales, se produjo la privatización de una parte importante de las plantas generadoras, que pasaron a manos de la oligarquía nicaragüense y de capital estadounidense y la venta a Unión Fenosa de las dos empresas encargadas de la distribución de energía en el país. A partir de ese momento se truncó la posibilidad de avanzar hacia la consecución de una sociedad sustentable y soberana en materia energética.
3.4. Los procesos de privatización de un servicio público de primera necesidad en un país con más de la mitad de su población viviendo con menos de un dólar al día, no pueden sino fracasar, ya que el capital privado busca beneficios desproporcionados por encima del estricto cumplimiento de los derechos humanos de los y las pobladoras, aprovechándose de gobiernos atrapados en un círculo de dependencia económica y política que hace muy difícil garantizar los derechos universales como el acceso al suministro eléctrico a la totalidad de sus ciudadanos.
De acuerdo con los testimonios y los informes de los expertos queda demostrado que las Instituciones Financieras Internacionales imponen condicionalidades a los Gobiernos, favoreciendo los intereses de las empresas transnacionales, no teniendo en cuenta los impactos que provocan sobre la población nicaragüense.
3.5. El Gobierno español apoya política y económicamente a Unión Fenosa por medio de distintas fórmulas. Por un lado la presencia de responsables políticos o institucionales españoles defendiendo los intereses de Unión Fenosa en Nicaragua. Por otro, el aval a las políticas de condicionalidades de las Instituciones Financieras Internacionales de las que forman parte. Y por último, el cambio en los ejes de ayuda oficial al desarrollo a través de los créditos FAD, que pasan en una parte importante a dedicarse a proyectos vinculados con el sector eléctrico coincidiendo con la llegada de Unión Fenosa a Nicaragua.
3.6. Los distintos Gobiernos nicaragüenses son responsables de los fraudes cometidos en los procesos de privatización de la distribución y la generación, así como de los cambios en la estructura jurídica que los sustentaron. Los partidos políticos son también responsables porque apoyaron dichos cambios .desde la Asamblea Nacional.
3.7. Los Gobiernos no han respetado el mandato constitucional de promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos. Queda suficientemente demostrado por las pruebas aportadas, que el poder judicial no ha tutelado los derechos de la ciudadanía nicaragüense, favoreciendo por acción u omisión a la empresa Unión Fenosa.
3.8. El INE hasta el 2006 no cumplió con su tarea, como ente fiscalizador regulador de la concesionaria, según el artículo 18 de la Ley 272, al no iniciar ningún expediente sancionador.
3.9. Las actuales negociaciones entre el Gobierno nicaragüense y Unión Fenosa transcurren con una falta absoluta de transparencia y secretibidad.
3.10. Queda demostrado que las empresas generadoras privadas son también responsables de la actual crisis energética, al estar operando intencionadamente por debajo de su capacidad real.
3.11. Las actividades de Unión Fenosa en Nicaragua violan flagrantemente los Derechos Humanos: la vulneración del contrato de concesión, la falta de inversión en la red eléctrica y alumbrado público, los cortes en el suministro eléctrico, las discriminaciones en los racionamientos, los abusos a los usuarios y en los Derechos Laborales y Sindicales de sus empleados y de las contratas.
Con estas prácticas se vulneran Derechos Humanos como el derecho a la vida, la salud, la educación, la información, la seguridad, el desarrollo normal de actividades económicas, y a los sectores más vulnerables como los niños y las niñas, los y las ancianas, en definitiva la dignidad de las personas. Las crisis que provoca Unión Fenosa, recae con especial crudeza sobre las mujeres. Mostrando las conductas de Irresponsabilidad Social Corporativa de Unión Fenosa, entrando en contradicción con el discurso sobre Responsabilidad Social que tiene en sus memorias e informes públicos.
4. DECISIÓN
El carácter de primera Audiencia especializada, cuya su conclusión se prevé en una sesión deliberante, donde será necesaria una profundización de muchos de los hechos y de los aspectos de Derecho objetos de ésta audiencia.
No obstante, los datos y los hechos presentados en esta audiencia tienen la suficiente fuerza, coherencia y convicción para sustentar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo de la Organización de las Naciones Unidas y la Convención Americana o Pacto de San José, cuyos derechos allí consignados son de irrestricto respeto por parte del Estado de Nicaragua, según lo establece el Arto. 46 de la Constitución Política de Nicaragua.
Y también de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho al Desarrollo considerado como una obligación para los Estados establecido en el Derecho Internacional contemporáneo, entre otros.
Por todo lo anterior el Jurado resuelve acusar a:
1.- La EMPRESA TRANSNACIONAL UNIÓN FENOSA, tanto en su sede central como en sus filiales en Nicaragua y Guatemala por:
- Violaciones graves y masivas de los derechos laborales de sus trabajadores, con la implementación sistemática de una política de flexibilidad laboral.
- Acciones u omisiones que contribuyen al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una parte creciente de la población nicaragüense y guatemalteca, específicamente del derecho humano a un nivel de vida adecuado, contribuyendo además a mantener los niveles de pobreza que alejan a la población del disfrute del Derecho Humano al Desarrollo.
- Fraude y engaño a sus usuarios al asumir compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en los países mencionados.
- Son igualmente responsables los accionistas de Unión Fenosa, así como el resto de accionistas de Disnorte y Dissur.
2.- Al GOBIERNO DE NICARAGUA
- Por incumplimiento del deber que le impone la Constitución Política y las Leyes Nacionales, las Normas Internacionales de Derechos Humanos de garantizar a todos los habitantes del país los Derechos Humanos reconocidos en tales instrumentos, así como los Convenios laborales celebrados en el marco de la OIT y de los cuales Nicaragua es parte.
- Por incumplimiento de sus obligaciones para garantizar el funcionamiento adecuado del ente regulador Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para que de manera eficaz y oportuna haga cumplir a Unión FENOSA los compromisos derivados del Convenio y las normativas de la institución Reguladora.
- Por no garantizar el Derecho de la Tutela Judicial efectivo y el Acceso a la Justicia de las personas afectadas por el comportamiento irregular de la Trasnacional Unión FENOSA, debido a la ausencia de un Poder Judicial independiente, sujeto a intereses partidarios.
- Por omisión en su deber de garantizar la información oportuna a la población sobre la suscripción de Convenios y Acuerdos con Organismos Financieros Internacionales y Empresas Trasnacionales que afecta la vida cotidiana de la población, violando sus derechos humanos.
3.- Al GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA cuya nacionalidad tiene la Empresa Trasnacional Unión FENOSA por:
- Permitir que dicha entidad jurídica incumpla en su actividad económica en otros países los estándares internacionales de derechos humanos que en su país de origen estaría obligada a respetar.
4.- A los ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, en especial al Fondo Monetario Internacional por las condicionalidades que impone como las privatizaciones y el trato de favor a las transnacionales. Al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que proporcionan los recursos financieros para la implementación de las imposiciones del FMI, y subsidian y protegen las inversiones del capital transnacional.
5. RECOMENDACIONES
5.1.Implementar los mecanismos para lograr el resarcimiento, la indemnización, pero también del pago de la deuda social, económica y ecológica generada por la trasnacional Unión Fenosa al pueblo nicaragüense.
5.2.Establecer responsabilidades administrativas y penales por los daños, perjuicios, violaciones de contratos, leyes y normativas nacionales causados por la trasnacional, tanto a las autoridades de gobierno como a la misma empresa.
5.3.Anular el contrato con Unión Fenosa y el “Memorando de Intención” de junio de 2007 firmada por el gobierno nicaragüense. No debemos no pagamos.
5.4.Expulsión de la trasnacional Unión Fenosa de Nicaragua y de los países de la región por su irresponsabilidad y violaciones a los derechos humanos.
5.5.Articular todos los países de Latinoamérica donde se han sucedido conflicto con Unión Fenosa para presentarlas en el TPP de Lima 2008, especialmente se debe mantener una observación y seguimiento de manera permanente del actuar de esta transnacional en Guatemala.
5.6.Ante el cambio climático es urgente la imperiosa necesidad de buscar nuevas fuentes de energía alternativas a la dependencia de hidrocarburos, urge implementar nuevos esquemas de energía y modificaciones de la matriz energética que no repitan los mecanismos de implementados hasta el momento que generan pobreza, monopolio, deuda, exclusión, desplazamiento forzado de población, sistemas centralizados, etc. En tanto, generar la participación social para la elaboración de una nueva matriz energética.
5.7.Promover, vigilar y velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos sin que estén subordinados a la lógica comercial, por la vía de los instrumentos legales, administrativos y otras acciones, específicamente en lo concerniente al acceso a la energía que hace posible componente del disfrute al derecho humano a un nivel de vida adecuado. Así mismo eliminar toda ley que criminalice la protesta y la inconformidad social.
5.8.Generar políticas públicas que garanticen el acceso a la energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente, y elevarlo a rango constitucional autónomo en la medida en que la energía eléctrica garantiza el disfrute de muchos derechos humanos asociados.
5.9.Petición a la Secretaría del Tribunal Permanente de los Pueblos de hacer un Tribunal especial de URGENCIA que investigue las graves violaciones a los Derechos Humanos, específicamente la vida y la salud, como es el caso emblemático de los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón en Nicaragua, así como miles de personas afectadas en este país y en toda Latinoamérica por el uso indiscriminado de los agrotóxicos en otros tipos de cultivos.
Y en representación del Secretario General del TPP – Gianni Tognoni-, Dolores Jarquín.
Los trabajos se desarrollaron a través de tres sesiones públicas precedidas de una sesión inaugural según el programa detallado que se ofrece en anexo, las cuales contaron con la presencia de un gran número de miembros de diferentes organizaciones sociales. Testigos y expertos presentaron oralmente la demanda central, los casos documentados y análisis conceptuales de carácter económico y de derechos humanos, además respondieron a las preguntas realizadas por los miembros del Jurado.
El Jurado quiere subrayar la alta calidad de los informes y de los testimonios presentados, así como la riqueza de la documentación que en forma impresa o electrónica fue puesta a disposición del Tribunal, para respaldar con copias de documentos originales todos los detalles de los casos y de las situaciones referidas en la Audiencia , donde se constatan una serie de violaciones a los derechos humanos.
Es evidente que la violación de estos derechos se beneficia de vacíos jurídicos en el derecho internacional, lo que ha permitido que muchos niveles de decisiones fundamentales para la supervivencia de los pueblos y de enormes capas sociales dentro de ellos, queden en manos de la voracidad rentista de los grandes capitales.
No obstante, es oportuno señalar de manera categórica que la normativa existente a nivel internacional producto del desarrollo jurídico proporciona un marco que debe respetarse adecuando los comportamientos de actuación de las Empresas Trasnacionales y los requerimientos y exigencias de los Gobiernos a tales Empresas para que respeten los derechos humanos que como Estado están en la obligación de garantizar a sus habitantes.
La falta de este comportamiento por parte de los actores involucrados – Unión FENOSA, Gobierno de Nicaragua, Gobierno del Reino Español y Organismos Financieros Internacionales - ha demostrado los graves daños que están causando a un gran número de personas (hombres, mujeres, niños y niñas) en Nicaragua.
Los efectos del comportamiento de la Empresa Trasnacional Unión FENOSA en Nicaragua, producto de las privatizaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y obedientemente aplicadas por el gobierno de Nicaragua, han originado situaciones en abierta contradicción con el respeto a los Derechos Humanos en general de los y las nicaragüenses especialmente de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocidos en los instrumentos internacionales.. Así como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo que se refiere a los Derechos Laborales.
2. HECHOS
Consideraciones Generales
Consideramos que la transnacional Unión FENOSA ha violado el marco jurídico institucional, constitucional y la normativa internacional, auxiliándose con los co-actores nacionales, quienes también son responsables en la presente demanda. Ello deriva en la violación de los derechos humanos de la mayoría de los y las nicaragüenses.
Unión Fenosa es una empresa de origen español que está operando además en otros 12 países. En la actualidad está presente en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Egipto, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Holanda, Hungría, Irlanda, Kenia, Marruecos, México, Moldavia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, Túnez, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe. Presta servicio a 8,7 millones de clientes de gas y electricidad.
Cabe señalar que el Jurado toma conocimiento de los sinnúmeros conflictos y violación a las leyes en países centroamericanos, en el Caribe (Rca. Dominicana, de donde fuera expulsada) y Colombia.
En Nicaragua, Unión Fenosa comienza a operar en el año dos mil, cuando el poder ejecutivo otorgó la concesión y la Asamblea Nacional aprobó a un plazo de treinta años la distribución y comercialización de energía eléctrica otorgándole el carácter dominante de monopolio a DISNORTE (Distribución de Electricidad del Norte S.A.) y DISSUR (Distribución de Electricidad del Sur S.A. con el 79.54% de las acciones).
A partir de esa fecha las y los nicaragüenses han sufrido constantes violaciones ya que bajo el argumento de tener pérdidas (a nivel de auditoría realizadas), Unión Fenosa decide cometer irregularidades no pagando a las generadoras, que a su vez dejan de suministrar electricidad y juntas prefieren dejar a la población sin suministro eléctrico. Esto como medida de chantaje a los Gobiernos, incluído el actual, ignorando los impactos sobre la población y la economía del país que ellos provocan.
Se constata que los permanentes racionamientos vienen generado los siguientes daños y perjuicios: afectación psicológica de la población al cambiar sus horarios de trabajo en función de cuando hay energía para trabajar; problemas de salud pública por falta de refrigeradores para alimentos frescos tanto en los comercios como en los hogares; las crisis de ansiedad de las personas de la tercera edad al encontrarse sin energía en sus domicilios; los graves problemas de inseguridad ciudadana por la noche; problemas de atención sanitaria (retraso de atención diaria, diagnósticos o intervenciones quirúrgicas) ; falta de suministro de agua en muchas poblaciones debido a la ausencia de electricidad; suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades y retraso en los planes de estudio; elevado incremento de los costos en todas las empresas, comercios y mercados debido a la reducción en los horarios de trabajo y tener que complementar la falta de energía con generadores; asociado a ellos, problemas auditivos por el ruido y respiratorios por la contaminación de los generadores; afectación a los medios de comunicación locales que sólo emiten cuando hay suministro; incontables pérdidas provocadas a la ciudadanía por daños en equipos eléctricos por grandes subidas de tensión vinculada a los racionamientos.
Se constata la existencia de discriminación en los racionamientos más allá de razones estratégicas aducidas. Según la empresa, los racionamientos están discriminados por zonas para no afectar hospitales, zonas militares, zonas empresariales, edificios gubernamentales, etc. Pero en la práctica y según múltiples testimonios, en zonas rurales de baja renta y en asentamientos de Managua y otras ciudades importantes, los horarios de racionamiento se dilatan muchísimo más de lo informado y cuando se llama al teléfono de atención al cliente de Unión Fenosa el argumento de los operadores es que en el barrio hay mucha gente que no paga.
Se constata la ausencia de inversión en el mantenimiento de la red de distribución eléctrica, provocando pérdidas de vidas humanas, y continuas averías que dejan sin suministro eléctrico a los usuarios (en zonas rurales, un poco de lluvia o viento son factores suficientes para dejar sin servicio eléctrico a la población).
Se constata la ausencia de inversión en el mantenimiento del alumbrado público que se cobra en la factura. Se han detectado múltiples casos de cuando un transformador se estropea, si un usuario que paga pide que se arregle le dicen que haga que paguen los vecinos que están « pegados » y que si no, no van a arreglarlo, dejando a la población sin suministro eléctrico por semanas, pretendiendo obligar a la población a que haga de cobrador de sus propios vecinos.
Se constata la ausencia de atención a los pobladores de asentamientos que llevan años solicitando ser legalizados, a pesar de que la compañía se queja de los robos de energía por parte de los mismos. A su vez, estas quejas no coinciden con las informaciones facilitadas por el propio vicepresidente de Unión Fenosa en Nicaragua quien aseveró que los robos por parte de los asentamientos representan solo un 6% de las pérdidas técnicas totales, que están en un 30%.
Se constata la reducción de su presencia en el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales, como parte de su política de ahorro de costos, en las que ha rebajado su personal en un 70%, aun cuando el número de usuarios se ha incrementado en un 35%. Esto genera por ejemplo que en San Juan de Limay o Quilalí, zonas rurales a 2.5-3 horas en autobús de las ciudades con oficina Unión FENOSA, se haga imposible para gran parte de la población desplazarse para presentar reclamaciones, al perder un día de trabajo.
Se constata la desviación de presupuesto por parte de muchas alcaldías dedicando así parte de sus pequeños recursos para facilitar a funcionarios que atiendan a sus ciudadanos por problemas que en realidad son ocasionados por Unión FENOSA, ausentes en la localidad. Por otro lado, alcaldías como la de San Juan de Limay han tenido que desviar parte de sus presupuestos para invertir en asentamientos que Unión Fenosa se niega a cubrir, tal como estipula la ley que obliga al suministro energético a poblaciones ubicadas incluso a más de los 150 metros del casco urbano.
Los abusos a los usuarios del servicio eléctrico son innumerables. Según el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Energía (INE ente regulador) se reciben 3000 reclamaciones mensuales de usuarios, o sea 36.000 reclamaciones al año. Sobre 600.000 usuarios, significa que un 6% de los usuarios reclama en segunda instancia luego de dirigirse a la empresa. La vicepresidencia de Unión Fenosa nos informó que contabilizan unas 4500 reclamaciones mensuales en primera instancia (54.000 al año). 9% de todos los usuarios hace reclamo.
Unión Fenosa dice ejercer políticas activas en materia de Responsabilidad Social Corporativa habiendo recibido diversos reconocimientos internacionales. Para el año 2008, Unión Fenosa ha declarado un Día Solidario con Nicaragua, aportando 300000 dólares para proyectos de promoción, acceso y permanencia en las aulas escolares. Estas supuestas prácticas responsables no son más que marketing humanitario que pretende ocultar los graves impactos sociales provocados por la empresa en su actividad cotidiana en Nicaragua así como en otras latitudes.
Los principales abusos de Unión Fenosa a los usuarios del servicio eléctrico son:
- Incremento injustificado de las facturas por encima de lo regulado por el INE: a) cobros por conceptos indebidos (impuesto de la municipalidad o alumbrado público aun cuando no existe); b) cobros por atrasos no justificados c) cobros por re-conexión por cortes erróneos d) cobros por errores en la lectura de los medidores (muy vinculado a la precarización laboral y contratos que se explican más adelante) e) cambio de contadores que doblan el consumo.
- Los usuarios reciben facturas desproporcionadas trás hacer arreglos de pago; no hay transparencia (los trabajadores no están autorizados a informar sobre las tarifas); se dan allanamientos de morada y cambios de medidores sin autorización del usuario; el servicio de atención telefónica miente al explicar las causas de los apagones fuera de los horarios de racionamientos; no se respetan los 15 días de notificación previo a la suspensión del servicio; hay indexación de la tarifa al dólar estadounidense, lo cual es ilegal; hay respuesta tardía en la reparación de averías (diversos ejemplos de semanas transcurridas sin atender averías en diferentes zonas del país); obligación de permanencia domiciliaria al usuario reclamante para evitar cortes ya que Unión Fenosa no tiene comunicación con las contratistas ambulantes que implementan la desconexión; falta de respuesta ágil de Unión Fenosa a los reportes de desperfectos graves que ponen en peligro la vida de las personas, como por ejemplo el caso de una niña en el Mercado Oriental de Managua electrocutada mortalmente en mayo de 2007; cobro a nuevos usuarios de hasta 3 meses de consumo, cuando la ley sólo permite 32 días; obligación impuesta a nuevos usuarios de un inmueble a asumir las deudas de habitantes anteriores; utilización de acusaciones de mora por parte Unión Fenosa llegando a considerar al usuario acusado como nuevo cliente obligando a un nuevo depósito de fianza.
La política laboral de Unión Fenosa.
La política de reducción de costos de Unión Fenosa afecta a sus trabajadores y contratistas. La política de flexibilización laboral generó más de 400 despidos a partir de noviembre de 2000, al adquirir la mayor parte de la distribución. Dicha flexibilización provoca también la precariedad permanente de sus trabajadores.
Así mismo, la empresa ha institucionalizado las contratas para extender servicios conexos a la distribuidora eléctrica incluyendo la lectura de medidores, cobros, cortes del servicio, instalación del servicio, call centers, etc. Estas violan sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y Unión Fenosa es responsable por esta situación que incluye: la aplicación de polígrafo para contratación, el no ofrecer al trabajador copia de su contrato, el no pago de la seguridad social, establecimiento de sueldos que no cubren el costo de la canasta básica, incumplimiento de normas de seguridad laboral, contratación de personal no capacitado para desarrollar las tareas asignadas, alta rotación de personal, no pago de viáticos, y otros. Toda esa práctica también provoca el encarecimiento de los costos de explotación junto al deterioro de los servicios prestados a los usuarios.
Unión Fenosa hostiga a los sindicatos, denunciándoles ante la policía y montando juicios legales a líderes sindicales y trabajadores y se niega a negociar un convenio laboral. Hay indicios suficientes para establecer que los contratistas son empresas “allegadas” que terminan provocando “aumentos en las pérdidas reales”, mayores niveles de ineficiencia y mal servicio denunciados reiteradamente y en número creciente.
Coautores responsables de la crisis energética.
El problema del sector eléctrico en Nicaragua es un problema complejo, donde, además de la responsabilidades principales que corresponden a Unión Fenosa existen otros responsables.
Los anteriores gobiernos contribuyeron al problema energético al no ocuparse por buscar un cambio en la matriz energética (en la generación), que llevase hacia una menor dependencia sobre el petróleo con una matriz formada por energías renovables. Nicaragua tiene un gran potencial en renovables.
El Estado no ha ejercido el papel exigido en defensa de su población: el ente regulador (Instituto Nicaragüense de la Energía – INE) en la práctica es inoperante al permitir a Unión Fenosa y a las generadoras incumplir la legislación de forma sistemática.
El actual Gobierno de Nicaragua.
Los medios de comunicación divulgaron la firma que se realizó por parte del gobierno de un “Memorando de Intención” en España a finales de Junio del 2007. Aquí lo único que hace la compañía española es comprometerse a hacer lo que ya está comprometido hacer en su contrato. De esa manera, la empresa rehuye a la indemnización y a la restitución al pueblo nicaragüense por el incumplimiento de sus obligaciones dejando al país en una grave crisis energética.
A cambio, el gobierno nicaragüense se comprometió a promover en la Asamblea Nacional la adopción de la Ley 554 de Estabilidad Energética y la Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los Servicios Públicos. Con estas leyes se pretende congelar la tarifa eléctrica de los consumidores, y pagar a cuenta del erario público la diferencia entre la tarifa cobrada y el costo real de la energía.
Por su parte, Unión Fenosa suspende el proceso abierto contra el gobierno en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, aseguradora del Banco Mundial). Allí reclama 53 millones de dólares al gobierno nicaragüense por apropiación indebida de sus inversiones al iniciar el INE el proceso de arbitraje. El compromiso del gobierno radica en anular dicho proceso de arbitraje y no abrir ningún otro que pudiera enturbiar las relaciones.
A su vez el propio gobierno recurre al mercado regional centroamericano para adquirir energía que permita paliar el déficit de generación del mercado nacional.
Instituciones financieras internacionales.
Éstas han jugado un papel clave, apoyando un modelo que justificaba las privatizaciones como una forma de liberar recursos para pagar la deuda procurando las garantías jurídicas para que el capital privado invirtiese planificando únicamente la obtención de beneficios en el corto plazo. El arma ideológica de todo ello, ha sido como siempre, la vinculación al denominado alivio y la refinanciación de la deuda externa a las condicionalidades cruzadas con el proceso de privatización y la firma de PPA’s.
Las empresas generadoras vinculadas a la elite nicaragüense y a la clase política.
Las empresas son responsables ya que al buscar la maximización del beneficio en el corto plazo, sin tener en cuenta ningún otro criterio no realiza las inversiones necesarias en sus plantas, lo que impediría problemas técnicos por falta de mantenimiento como los que se han dado últimamente. Si estos comportamientos han tenido lugar es porque los diferentes gobiernos vinculados a las privatizaciones así lo han permitido.
Esto ha derivado en la situación actual en las que las generadoras están jugando un papel importante en los cortes de suministro eléctrico a Fenosa, sea por fallos técnicos o por la misma falta de inversión, por la inexistencia de un mecanismo eficaz para que Unión FENOSA les pague la energía entregada o bien como medio de presión al gobierno para seguir cobrando, en condiciones extremadamente ventajosas.
El Gobierno del Estado español
Este da su apoyo político y económico a la empresa Unión FENOSA, demostrado por las múltiples declaraciones en los medios de comunicación por parte de los miembros de los distintos Gobiernos españoles, por secundar los Planes de Ajuste Estructural y todas las condicionalidades impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales (de las que forma parte el gobierno) y por el cambio en las políticas de concesión de la ayuda oficial al desarrollo bilateral a través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo. Estos fondos, que se convierten en deuda externa bilateral de Nicaragua a favor del Estado español han cambiado significativamente su naturaleza, pasando en parte de proyectos de salud y educación a proyectos de apoyo al sector eléctrico privatizado.
El Tribunal ha podido conocer que Unión Fenosa ha actuado de manera similar en Guatemala, ya que los abusos y deficiencias utilizadas por la empresa a fin de incrementar sus ganancias en detrimento de las condiciones de vida de la población guatemalteca presentan los mismos elementos.
En el contexto de esta sesión, el Tribunal pudo escuchar exposiciones de representantes de El Salvador y Honduras con problemas similares. En Honduras la transnacional ACEA de Italia a través de la empresa Aguas de San Pedro. En el Salvador la transnacional pesquera española Calvo y la eléctrica estadounidense AES Corporation.
3. CONSIDERACIONES
3.1. La globalización neoliberal significa privatización y profundización de la apertura comercial y la desregulación radical de los regímenes financieros y de inversión. Este escenario fue creado para que las principales beneficiarias sean las corporaciones multinacionales cuyas sedes se encuentran principalmente en los países del Norte industrializado.
El avance del poder transnacional sobre todos los ámbitos de la economía y la sociedad se da a costa del detrimento y desmantelamiento de los Estados nacionales en el Sur que mantienen un rol exclusivamente funcional al capital transnacional. La realidad a la que se enfrentan los pueblos es que los derechos corporativos se sobreponen a los derechos humanos, fundamentales y colectivos.
Las corporaciones vinculadas a la energía que incluyen empresas petroleras y de electricidad, se han apropiado de los recursos energéticos y han convertido en fuentes de lucro lo que son derechos, como es el acceso al agua o a la energía que constituyen elementos indispensables para el cumplimiento del derecho a una vida digna.
3.2. El Derecho Comercial global que regula los derechos de las empresas transnacionales se coloca jerárquicamente muy por encima de los derechos de las mayorías sociales.
La fortaleza jurídica que representan las normas multilaterales de comercio e inversiones, los tratados regionales y bilaterales, los contratos de explotación y los tribunales arbitrales son el telón de fondo sobre el que actúan con total impunidad las transnacionales.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos queda sometido a las relaciones de poder, a la privatización de los mismos y a la bilateralidad asimétrica. Son normas que no son capaces de neutralizar el poder político económico y jurídico de las transnacionales. La pirámide normativa debe ser invertida, situando los Derechos Humanos en el vértice de la misma.
3.3. En el caso de Nicaragua esto ha sido patente. A partir de las presiones internacionales, se produjo la privatización de una parte importante de las plantas generadoras, que pasaron a manos de la oligarquía nicaragüense y de capital estadounidense y la venta a Unión Fenosa de las dos empresas encargadas de la distribución de energía en el país. A partir de ese momento se truncó la posibilidad de avanzar hacia la consecución de una sociedad sustentable y soberana en materia energética.
3.4. Los procesos de privatización de un servicio público de primera necesidad en un país con más de la mitad de su población viviendo con menos de un dólar al día, no pueden sino fracasar, ya que el capital privado busca beneficios desproporcionados por encima del estricto cumplimiento de los derechos humanos de los y las pobladoras, aprovechándose de gobiernos atrapados en un círculo de dependencia económica y política que hace muy difícil garantizar los derechos universales como el acceso al suministro eléctrico a la totalidad de sus ciudadanos.
De acuerdo con los testimonios y los informes de los expertos queda demostrado que las Instituciones Financieras Internacionales imponen condicionalidades a los Gobiernos, favoreciendo los intereses de las empresas transnacionales, no teniendo en cuenta los impactos que provocan sobre la población nicaragüense.
3.5. El Gobierno español apoya política y económicamente a Unión Fenosa por medio de distintas fórmulas. Por un lado la presencia de responsables políticos o institucionales españoles defendiendo los intereses de Unión Fenosa en Nicaragua. Por otro, el aval a las políticas de condicionalidades de las Instituciones Financieras Internacionales de las que forman parte. Y por último, el cambio en los ejes de ayuda oficial al desarrollo a través de los créditos FAD, que pasan en una parte importante a dedicarse a proyectos vinculados con el sector eléctrico coincidiendo con la llegada de Unión Fenosa a Nicaragua.
3.6. Los distintos Gobiernos nicaragüenses son responsables de los fraudes cometidos en los procesos de privatización de la distribución y la generación, así como de los cambios en la estructura jurídica que los sustentaron. Los partidos políticos son también responsables porque apoyaron dichos cambios .desde la Asamblea Nacional.
3.7. Los Gobiernos no han respetado el mandato constitucional de promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos. Queda suficientemente demostrado por las pruebas aportadas, que el poder judicial no ha tutelado los derechos de la ciudadanía nicaragüense, favoreciendo por acción u omisión a la empresa Unión Fenosa.
3.8. El INE hasta el 2006 no cumplió con su tarea, como ente fiscalizador regulador de la concesionaria, según el artículo 18 de la Ley 272, al no iniciar ningún expediente sancionador.
3.9. Las actuales negociaciones entre el Gobierno nicaragüense y Unión Fenosa transcurren con una falta absoluta de transparencia y secretibidad.
3.10. Queda demostrado que las empresas generadoras privadas son también responsables de la actual crisis energética, al estar operando intencionadamente por debajo de su capacidad real.
3.11. Las actividades de Unión Fenosa en Nicaragua violan flagrantemente los Derechos Humanos: la vulneración del contrato de concesión, la falta de inversión en la red eléctrica y alumbrado público, los cortes en el suministro eléctrico, las discriminaciones en los racionamientos, los abusos a los usuarios y en los Derechos Laborales y Sindicales de sus empleados y de las contratas.
Con estas prácticas se vulneran Derechos Humanos como el derecho a la vida, la salud, la educación, la información, la seguridad, el desarrollo normal de actividades económicas, y a los sectores más vulnerables como los niños y las niñas, los y las ancianas, en definitiva la dignidad de las personas. Las crisis que provoca Unión Fenosa, recae con especial crudeza sobre las mujeres. Mostrando las conductas de Irresponsabilidad Social Corporativa de Unión Fenosa, entrando en contradicción con el discurso sobre Responsabilidad Social que tiene en sus memorias e informes públicos.
4. DECISIÓN
El carácter de primera Audiencia especializada, cuya su conclusión se prevé en una sesión deliberante, donde será necesaria una profundización de muchos de los hechos y de los aspectos de Derecho objetos de ésta audiencia.
No obstante, los datos y los hechos presentados en esta audiencia tienen la suficiente fuerza, coherencia y convicción para sustentar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo de la Organización de las Naciones Unidas y la Convención Americana o Pacto de San José, cuyos derechos allí consignados son de irrestricto respeto por parte del Estado de Nicaragua, según lo establece el Arto. 46 de la Constitución Política de Nicaragua.
Y también de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho al Desarrollo considerado como una obligación para los Estados establecido en el Derecho Internacional contemporáneo, entre otros.
Por todo lo anterior el Jurado resuelve acusar a:
1.- La EMPRESA TRANSNACIONAL UNIÓN FENOSA, tanto en su sede central como en sus filiales en Nicaragua y Guatemala por:
- Violaciones graves y masivas de los derechos laborales de sus trabajadores, con la implementación sistemática de una política de flexibilidad laboral.
- Acciones u omisiones que contribuyen al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una parte creciente de la población nicaragüense y guatemalteca, específicamente del derecho humano a un nivel de vida adecuado, contribuyendo además a mantener los niveles de pobreza que alejan a la población del disfrute del Derecho Humano al Desarrollo.
- Fraude y engaño a sus usuarios al asumir compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en los países mencionados.
- Son igualmente responsables los accionistas de Unión Fenosa, así como el resto de accionistas de Disnorte y Dissur.
2.- Al GOBIERNO DE NICARAGUA
- Por incumplimiento del deber que le impone la Constitución Política y las Leyes Nacionales, las Normas Internacionales de Derechos Humanos de garantizar a todos los habitantes del país los Derechos Humanos reconocidos en tales instrumentos, así como los Convenios laborales celebrados en el marco de la OIT y de los cuales Nicaragua es parte.
- Por incumplimiento de sus obligaciones para garantizar el funcionamiento adecuado del ente regulador Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para que de manera eficaz y oportuna haga cumplir a Unión FENOSA los compromisos derivados del Convenio y las normativas de la institución Reguladora.
- Por no garantizar el Derecho de la Tutela Judicial efectivo y el Acceso a la Justicia de las personas afectadas por el comportamiento irregular de la Trasnacional Unión FENOSA, debido a la ausencia de un Poder Judicial independiente, sujeto a intereses partidarios.
- Por omisión en su deber de garantizar la información oportuna a la población sobre la suscripción de Convenios y Acuerdos con Organismos Financieros Internacionales y Empresas Trasnacionales que afecta la vida cotidiana de la población, violando sus derechos humanos.
3.- Al GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA cuya nacionalidad tiene la Empresa Trasnacional Unión FENOSA por:
- Permitir que dicha entidad jurídica incumpla en su actividad económica en otros países los estándares internacionales de derechos humanos que en su país de origen estaría obligada a respetar.
4.- A los ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, en especial al Fondo Monetario Internacional por las condicionalidades que impone como las privatizaciones y el trato de favor a las transnacionales. Al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que proporcionan los recursos financieros para la implementación de las imposiciones del FMI, y subsidian y protegen las inversiones del capital transnacional.
5. RECOMENDACIONES
5.1.Implementar los mecanismos para lograr el resarcimiento, la indemnización, pero también del pago de la deuda social, económica y ecológica generada por la trasnacional Unión Fenosa al pueblo nicaragüense.
5.2.Establecer responsabilidades administrativas y penales por los daños, perjuicios, violaciones de contratos, leyes y normativas nacionales causados por la trasnacional, tanto a las autoridades de gobierno como a la misma empresa.
5.3.Anular el contrato con Unión Fenosa y el “Memorando de Intención” de junio de 2007 firmada por el gobierno nicaragüense. No debemos no pagamos.
5.4.Expulsión de la trasnacional Unión Fenosa de Nicaragua y de los países de la región por su irresponsabilidad y violaciones a los derechos humanos.
5.5.Articular todos los países de Latinoamérica donde se han sucedido conflicto con Unión Fenosa para presentarlas en el TPP de Lima 2008, especialmente se debe mantener una observación y seguimiento de manera permanente del actuar de esta transnacional en Guatemala.
5.6.Ante el cambio climático es urgente la imperiosa necesidad de buscar nuevas fuentes de energía alternativas a la dependencia de hidrocarburos, urge implementar nuevos esquemas de energía y modificaciones de la matriz energética que no repitan los mecanismos de implementados hasta el momento que generan pobreza, monopolio, deuda, exclusión, desplazamiento forzado de población, sistemas centralizados, etc. En tanto, generar la participación social para la elaboración de una nueva matriz energética.
5.7.Promover, vigilar y velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos sin que estén subordinados a la lógica comercial, por la vía de los instrumentos legales, administrativos y otras acciones, específicamente en lo concerniente al acceso a la energía que hace posible componente del disfrute al derecho humano a un nivel de vida adecuado. Así mismo eliminar toda ley que criminalice la protesta y la inconformidad social.
5.8.Generar políticas públicas que garanticen el acceso a la energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente, y elevarlo a rango constitucional autónomo en la medida en que la energía eléctrica garantiza el disfrute de muchos derechos humanos asociados.
5.9.Petición a la Secretaría del Tribunal Permanente de los Pueblos de hacer un Tribunal especial de URGENCIA que investigue las graves violaciones a los Derechos Humanos, específicamente la vida y la salud, como es el caso emblemático de los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón en Nicaragua, así como miles de personas afectadas en este país y en toda Latinoamérica por el uso indiscriminado de los agrotóxicos en otros tipos de cultivos.
En Managua, a 13 de octubre de 2007.
Vilma Núñez de Escorcia Juan Hernández Zubizarreta
Ivonne Yánez Gustavo Castro Soto
Presentación del PIRC en el municipio de Masaya
El sábado 27 de octubre de 2007, en el local de las Comunidades Cristianas de Base (CEB's) del municipio de Masaya, se realizó la presentación oficial del Proyecto La inscripción en el Registro Civil: "Un derecho para tener derechos", identificado por sus siglas como PIRC.
El Lic. Boris Vega Jarquín, Coordinador del Bufete Popular "Boris Vega" y Responsable del PIRC, dio las palabras de bienvenida, agradeciendo por la participación de todos/as y, asimismo, dando una breve explicación de la misión institucional del Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV). Además, explicó que el BPBV, en diversas áreas que componen su línea de trabajo jurídico-social, ha venido detectando la existencia de un nivel considerable de subregistro, sobre todo a través de la experiencia obtenida en los procesos de legalización de asentamientos humanos espontáneos. Por esta razón, el BPBV “se vio ante la situación social de personas que necesitaban o necesitan de asesoría y apoyo en tramitaciones relacionadas a la inscripción en el Registro Civil, por lo que se hacía necesaria la formulación de un proyecto especifico sobre este tema”. También hizo énfasis que un proyecto como este requiere indispensablemente de la cohesión, articulación y coordinación entre autoridades vinculadas, asociaciones de pobladores y los responsables del proyecto.
En la foto: El compañero Francisco Mena se dirige a los/las participantes.
Por su parte, el Licenciado Francisco Mena Aguirre, Responsable del Proyecto de Participación Ciudadana que ejecuta el B.P.B.V. en el municipio de Masaya, se dirigió a los/las asistentes enfatizando la importancia del involucramiento de las asociaciones de pobladores en el PIRC, sobre todo porque viene a constituirse en un contenido de trabajo comunitario y acción social para las asociaciones.
El compañero Ezequiel D'León Masís, en su calidad de Oficial de Proyecto, abrió la presentación del PIRC explicando por un lado que este proyecto cuenta con el financiamiento solidario por parte del Ajuntament de Barcelona y el Ajuntament de Lleida, por otro lado, explico que este proyecto tiene prevista su finalización en el mes de agosto de 2008. Asimismo, describió los objetivos y actividades del proyecto, orientados al tema de inscripciones de nacimientos y defunciones en general, así como reposiciones de partida, rectificaciones y reconocimientos de hijos/as, todo esto con énfasis en el enfoque de género para promover el reconocimiento del padre en las inscripciones. Se hizo hincapié en los datos concretos que definen la problemática del subregistro de defunciones y nacimientos a nivel nacional y latinoamericano.
El acto contó con la presencia diversos líderes/as de asociaciones de pobladores del municipio, así como la presencia del Registrador Dr. Darío Luna, el Lic. Lorgio Rojas, concejal municipal, y la Dra. Josefa Navarro, Directora de Epidemiología del SILAIS-Masaya. A través del Lic. Rojas, en este mismo acto se hizo entrega de la propuesta propuesta borrador a la Alcaldía de Masaya por parte del Bufete Popular "Boris Vega" para el Convenio de Colaboración en el marco del PIRC.
25 octubre 2007
Ley de paternidad y maternidad
Ezequiel D’León Masís
En junio de este año fue aprobada y publicada la Ley No. 623 o Ley de Responsabilidad Paterna y Materna, la cual es parte de una tendencia social y legislativa en América Latina que empezó a ser impulsada en países como Venezuela. A finales de agosto pasado esta ley entró en vigencia pero nadie parece haberle puesto atención hasta hoy.
La Ley No. 623 constituye avances novedosos y por eso merece ser difundida por los medios de comunicación y el gobierno. Por una parte, establece la prueba científica del ADN como un mecanismo de investigación de la paternidad de los niños y niñas a fin de garantizar su reconocimiento y evitar que se hallen bajo el riesgo del desamparo. Asimismo, estipula un procedimiento práctico ante el Ministerio de la Familia para el tema de la pensión de alimentos de menores. Pero, en especial, ordena a las autoridades de los Registros Civiles municipales a realizar jornadas de inscripción de niños y niñas en las comunidades más alejadas de las zonas urbanas.
Así pues, la importancia de esta ley radica en que ataca la gran irresponsabilidad paterna que existe en Nicaragua mayoritariamente a causa del machismo, busca además agilizar la tramitación de las pensiones alimenticias y se propone disminuir la cantidad de personas sin inscripción en el Registro Civil que, en nuestro país, alcanza hoy el 35% del total de población.
Pero bueno. No todo es alegría y pozol con leche. Actualmente, esta ley no está siendo aplicada por nadie; primero, porque necesita ser reglamentada y, segundo, porque requiere de voluntad política y convicción social de diversas autoridades e instituciones que son los responsables en destinar recursos económicos para facilitar los procedimientos y mecanismos que ha creado la ley.
En junio de este año fue aprobada y publicada la Ley No. 623 o Ley de Responsabilidad Paterna y Materna, la cual es parte de una tendencia social y legislativa en América Latina que empezó a ser impulsada en países como Venezuela. A finales de agosto pasado esta ley entró en vigencia pero nadie parece haberle puesto atención hasta hoy.
La Ley No. 623 constituye avances novedosos y por eso merece ser difundida por los medios de comunicación y el gobierno. Por una parte, establece la prueba científica del ADN como un mecanismo de investigación de la paternidad de los niños y niñas a fin de garantizar su reconocimiento y evitar que se hallen bajo el riesgo del desamparo. Asimismo, estipula un procedimiento práctico ante el Ministerio de la Familia para el tema de la pensión de alimentos de menores. Pero, en especial, ordena a las autoridades de los Registros Civiles municipales a realizar jornadas de inscripción de niños y niñas en las comunidades más alejadas de las zonas urbanas.
Así pues, la importancia de esta ley radica en que ataca la gran irresponsabilidad paterna que existe en Nicaragua mayoritariamente a causa del machismo, busca además agilizar la tramitación de las pensiones alimenticias y se propone disminuir la cantidad de personas sin inscripción en el Registro Civil que, en nuestro país, alcanza hoy el 35% del total de población.
Pero bueno. No todo es alegría y pozol con leche. Actualmente, esta ley no está siendo aplicada por nadie; primero, porque necesita ser reglamentada y, segundo, porque requiere de voluntad política y convicción social de diversas autoridades e instituciones que son los responsables en destinar recursos económicos para facilitar los procedimientos y mecanismos que ha creado la ley.
11 octubre 2007
Se reúne comisión mixta: Corte Suprema de Justicia y la Generalitat de Catalunya en Managua
La Oficina de Relaciones Públicas de la Defensoría Pública, informa que el día 10 de octubre se celebró la reunión anual de la Comisión Mixta del Convenio de Colaboración entre la Corte Suprema de Justicia y la Generalitat de Catalunya, cuyo objetivo fue aprobar la cooperación del período 2007-2008 y explorar nuevas líneas de colaboración para el futuro.
El Convenio de Colaboración, enmarca el Proyecto de “Continuidad y Consolidación para Facilitar el Acceso a la Justicia a Sectores de Escasos Recursos Económicos de los Departamentos de Masaya y Matagalpa”, con un monto total de 991 mil 590. 25 dólares; de los cuales 514 mil 474 dólares están siendo aportados por la cooperación catalana. De la contraparte nicaragüense la Corte Suprema de Justicia está aportando 417 mil 481 dólares, las municipalidades de los departamentos de Masaya y Matagalpa 11 mil 356. 25 dólares y el Bufete Popular “Boris Vega” 48 mil 279 dólares.
Este Proyecto está destinado a beneficiar a pobladores de escasos recursos económicos de los departamentos de Masaya y Matagalpa, que están recibiendo asistencia y asesoría legal gratuita de los Defensores Públicos y para ello se ha financiado la contratación de doce Defensores Públicos, la capacitación sostenida de treinta y un profesionales, además de la contratación de consultorías para investigación y diseño de sistemas necesarios para el fortalecimiento institucional; así como la ampliación de servicios en todo el territorio nacional, la construcción de seis oficinas en municipios rurales y el equipamiento en mobiliario, computadoras y bibliotecas en todas las delegaciones.
Por parte del Poder Judicial estuvieron presentes los miembros de la Comisión Mixta, el Magistrado Vicepresidente Doctor Rafael Solís Cerda y la Dra. María de los Angeles Mendoza, Directora de la Defensoría Pública, además de la Dra. María Esperanza Nieto, Sub Directora de la Defensoría Pública; por parte de la cooperación catalana asistieron el Señor David Minoves, Director General de Cooperación y ayuda humanitaria de la Generalitat de Catalunya y la Señora Núria Oriol, Responsable de América Central de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Asistieron además, el Dr. Boris Vega, Director del Bufete Jurídico “Boris Vega”, la Dra.Rosibel López, Directora del Centro Jurídico Popular de Matagalpa y la Señora Imma Bartrina, Rep.de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
El Convenio de Colaboración, enmarca el Proyecto de “Continuidad y Consolidación para Facilitar el Acceso a la Justicia a Sectores de Escasos Recursos Económicos de los Departamentos de Masaya y Matagalpa”, con un monto total de 991 mil 590. 25 dólares; de los cuales 514 mil 474 dólares están siendo aportados por la cooperación catalana. De la contraparte nicaragüense la Corte Suprema de Justicia está aportando 417 mil 481 dólares, las municipalidades de los departamentos de Masaya y Matagalpa 11 mil 356. 25 dólares y el Bufete Popular “Boris Vega” 48 mil 279 dólares.
Este Proyecto está destinado a beneficiar a pobladores de escasos recursos económicos de los departamentos de Masaya y Matagalpa, que están recibiendo asistencia y asesoría legal gratuita de los Defensores Públicos y para ello se ha financiado la contratación de doce Defensores Públicos, la capacitación sostenida de treinta y un profesionales, además de la contratación de consultorías para investigación y diseño de sistemas necesarios para el fortalecimiento institucional; así como la ampliación de servicios en todo el territorio nacional, la construcción de seis oficinas en municipios rurales y el equipamiento en mobiliario, computadoras y bibliotecas en todas las delegaciones.
Por parte del Poder Judicial estuvieron presentes los miembros de la Comisión Mixta, el Magistrado Vicepresidente Doctor Rafael Solís Cerda y la Dra. María de los Angeles Mendoza, Directora de la Defensoría Pública, además de la Dra. María Esperanza Nieto, Sub Directora de la Defensoría Pública; por parte de la cooperación catalana asistieron el Señor David Minoves, Director General de Cooperación y ayuda humanitaria de la Generalitat de Catalunya y la Señora Núria Oriol, Responsable de América Central de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Asistieron además, el Dr. Boris Vega, Director del Bufete Jurídico “Boris Vega”, la Dra.Rosibel López, Directora del Centro Jurídico Popular de Matagalpa y la Señora Imma Bartrina, Rep.de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Managua, 10 de octubre del 2007.
09 octubre 2007
Se realizaron dos capacitaciones sobre "Liderazgo Positivo para el Desarrollo"
En el marco del Proyecto "Institucionalización de la Participación Ciudadana en el Departamento de Masaya", el cual es subvencionado por el Ayuntamiento de Alicante y EntrePueblos, el 22 y 29 de septiembre de este año se desarrollaron dos capacitaciones sobre "Liderazgo Positivo para el Desarrollo", dirigidas a los miembros y miembras de las Juntas Directivas de las Asociaciones de Pobladores de los municipios de Nandasmo, Masatepe y Niquinohomo, con el objeto de facilitar el proceso de empoderamiento organizacional a nivel comunitario con un enfoque de liderazgo no tradicional que involucra la puesta en práctica de una visión comunitaria participativa para el desarrollo.
En ambas capacitaciones se insistió en la importancia de la promoción de espacios democráticos de toma de decisiones desde cada comunidad, resaltando la relevancia que tiene el concepto de desarrollo que se formule a partir de las propias ideas de los pobladores y pobladoras que son quienes conocen las problemáticas sociales que les afectan directamente. La metodología empleada incorporó ejercicios autoevaluativos de los líderes y lideresas a fin de propiciar la autocrítica y superación individual a la luz de los valores sociales que se proponen desde el planteamiento del liderazgo positivo, a saber: acción social comunitaria, incidencia en políticas públicas, visión colectiva, crecimiento organizacional participativo, gestión para el desarrollo, justicia social, etc.
Se llevó a cabo Taller: "Atención al usuario/a desde la perspectiva de la función pública del Registro Civil".
El pasado Sábado 6 de octubre, en las instalaciones del Bufete Popular "Boris Vega", se realizó el primer taller dirigido al personal de los Registros Civiles del departamento de Masaya, en el marco del proyecto La inscripción en el Registro Civil: "Un derecho para tener derechos" (PIRC), que es apoyado económicamente por el Ajuntament de Lleida y el Ajuntament de Barcelona, a través de las gestiones solidarias del Comité Oscar Romero de Lleida y Juristes Solidaris de Barcelona.
Este Taller trató sobre la "Atención al usuario/a desde la perspectiva de la función pública del Registro Civil", con la finalidad de fortalecer la capacidad de atención al público en las oficinas de los Registros Civiles de las nueve municipalidades del departamento.
El contenido del taller abarcó, por una parte, la normativa legal que existe en Nicaragua respecto a la obligación de los servidores/as públicos/as de brindar una atención esmerada y de calidad a la ciudadanía (Ley de servicio civil y carrera administrativa), asimismo se abordaron temas concretos de relaciones humanas acerca de los procesos de atención a los usuarios/as y formas de plantear alternativas de solución a las demandas ciudadanas particulares y colectivas frente al Registro Civil, haciéndose énfasis en las vnculaciones entre la función pública y misión social del Registro Civil y la participación ciudadana.
05 octubre 2007
CONVOCATORIA AL TOROVENADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A través de la presente estamos haciendo cordial invitación a participar en el TOROVENADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el cual se incorporará al Torovenado El Malinche el día 18 de Noviembre del 2007, a partir de las 11:00 de la mañana, saliendo del punto tradicional que es la casa de la familia Toribio, en el barrio Monimbó-Países Bajos. Se trata de aprovechar la celebración típica del Torovenado de los Masayas para recrear los logros, dificultades y oportunidades en torno a los procesos de participación ciudadana en el municipio, conjugando la alegría del pueblo y el humor con la crítica social y política sobre los acontecimientos más importantes ocurridos en el municipio y país.
OBJETIVOS:
Mantener viva la tradición Güegüense y Torovenadera del pueblo de Masaya.
Incorporarse a participar en las tradiciones populares para promover valores y derechos ciudadanos.
Impulsar la participación de las asociaciones y organizaciones de pobladores en la cultura tradicional como otra forma de lucha política, popular y pacífica.
TEMATICA A DESTACAR EN LA PARTICIPACIÓN.
Medio ambiente: Relacionado con la laguna de Masaya, la basura de la ciudad, el bosque, las aguas servidas, etc.
Niñez y adolescencia: Relacionado con la diversión infantil, el derecho a la educación, trabajo infantil, abandono infantil, salud infantil, etc.
Reivindicaciones sociales y políticas: Relacionado a los servicios básicos de agua, luz, recolección de basura, transporte, participación ciudadana, atención municipal a los pobladores, etc.
La administración de justicia en Nicaragua: Destacar lo que significa para los pobres y para los ricos enfrentar un proceso judicial en igualdad de condiciones.
Lucha indígena y solidaridad: Destacar la lucha por mantener la cultura indígena frente a la globalización.
Equidad de género: Destacar la igualdad que debe haber en las relaciones entre mujeres y hombres, criticar la violencia en contra de las mujeres, el abandono paterno, etc.
Juventud y política: Destacar la importancia de la representatividad juvenil en la vida política del municipio y el país.
JURADO CALIFICADOR:
El jurado calificador para premiar a los 10 mejores disfraces tomará en cuenta los siguientes parámetros:
a) El vestuario o disfraz del cuadro.
b) La expresión y animación del o los disfrazados.
c) El nivel de apropiación e interpretación de los personajes.
d) El ingenio, la elegancia y el humor de la sátira popular.
REQUISITOS PARA OPTAR A LOS PREMIOS:
1. Concentrarse el día del torovenado en la sede central del Bufete Popular “Boris Vega” a las 9.00 AM del domingo 18 de noviembre 2007.
2. Inscribir el cuadro o grupo de torovenado ante el jurado calificador antes de la salida al recorrido de calle.
3. Acompañar el recorrido de calle por lo menos 4 horas.
OTORGAMIENTO DE PREMIOS:
1. Se entregarán premios a los 10 mejores cuadros representados que participen y que expresen tópicos de la temática indicada.
2. Los premios se entregaran por grupo o individual si es sólo una persona la que representa el cuadro.
3. Los premios se entregarán al final del recorrido, a la par de los premios que entregue el Torovenado El Malinche.
OBJETIVOS:
Mantener viva la tradición Güegüense y Torovenadera del pueblo de Masaya.
Incorporarse a participar en las tradiciones populares para promover valores y derechos ciudadanos.
Impulsar la participación de las asociaciones y organizaciones de pobladores en la cultura tradicional como otra forma de lucha política, popular y pacífica.
TEMATICA A DESTACAR EN LA PARTICIPACIÓN.
Medio ambiente: Relacionado con la laguna de Masaya, la basura de la ciudad, el bosque, las aguas servidas, etc.
Niñez y adolescencia: Relacionado con la diversión infantil, el derecho a la educación, trabajo infantil, abandono infantil, salud infantil, etc.
Reivindicaciones sociales y políticas: Relacionado a los servicios básicos de agua, luz, recolección de basura, transporte, participación ciudadana, atención municipal a los pobladores, etc.
La administración de justicia en Nicaragua: Destacar lo que significa para los pobres y para los ricos enfrentar un proceso judicial en igualdad de condiciones.
Lucha indígena y solidaridad: Destacar la lucha por mantener la cultura indígena frente a la globalización.
Equidad de género: Destacar la igualdad que debe haber en las relaciones entre mujeres y hombres, criticar la violencia en contra de las mujeres, el abandono paterno, etc.
Juventud y política: Destacar la importancia de la representatividad juvenil en la vida política del municipio y el país.
JURADO CALIFICADOR:
El jurado calificador para premiar a los 10 mejores disfraces tomará en cuenta los siguientes parámetros:
a) El vestuario o disfraz del cuadro.
b) La expresión y animación del o los disfrazados.
c) El nivel de apropiación e interpretación de los personajes.
d) El ingenio, la elegancia y el humor de la sátira popular.
REQUISITOS PARA OPTAR A LOS PREMIOS:
1. Concentrarse el día del torovenado en la sede central del Bufete Popular “Boris Vega” a las 9.00 AM del domingo 18 de noviembre 2007.
2. Inscribir el cuadro o grupo de torovenado ante el jurado calificador antes de la salida al recorrido de calle.
3. Acompañar el recorrido de calle por lo menos 4 horas.
OTORGAMIENTO DE PREMIOS:
1. Se entregarán premios a los 10 mejores cuadros representados que participen y que expresen tópicos de la temática indicada.
2. Los premios se entregaran por grupo o individual si es sólo una persona la que representa el cuadro.
3. Los premios se entregarán al final del recorrido, a la par de los premios que entregue el Torovenado El Malinche.
Masaya, 02 de Octubre del 2007.-
15 agosto 2007
Se realiza capacitación de promotores/as de inscripción para pilotaje de censo y campaña
En el marco del proyecto La inscripción en el Registro Civil: “Un derecho para tener derechos” (PIRC), el pasado 04 de agosto de 2007, se llevó a cabo la capacitación de seis promotores/as de inscripción para la realización del pilotaje del censo de inscripciones y la campaña comunicativa. Este pilotaje tendrá lugar en las comarcas El Portillo de Niquinohomo y Los Rincones de Masatepe y en el reparto San Fernando I Etapa del municipio de Masaya.
Entre los promotores/as se evaluó la capacitación en una conversación abierta, encontrándose en general que el taller había cumplido con sus objetivos y expectativas. Los promotores/as asumieron el compromiso de llevar el pilotaje a su final y dar seguimiento a las tareas venideras. Los facilitadores del taller recalcaron a los/as asistentes que la importancia de la capacitación, además del aspecto puntual del censo y la campaña de pilotaje, debe verse como un primer paso hacia un empoderamiento de los aspectos jurídicos que involucra el tema de la inscripción en el registro Civil de las Personas, a fin de que, aún una vez concluido el PIRC, esta información pueda ser multiplicada por las asociaciones comunitarias con tal de tener promotores/as permanentes que atiendan y apoyen en la medida de las posibilidades propias este tipo de situaciones relacionadas al tema.
Estela Chavarría, presidenta de la Asociación de Pobladores del Asentamiento San Fernando I Etapa de Masaya, expuso sus expectativas sobre la capacitación valorándola como de gran relevancia, ya que en sí es la herramienta que va a permitir a los y las promotoras realizar un levantamiento censal con responsabilidad y conocimiento, pero además expresó sus expectativas generales sobre el proyecto mismo de esta manera: “Yo espero que este proyecto no quede sólo en el censo, sino que llegue hasta el final, con el apoyo legal a los casos que sean identificados en cada comunidad y es por eso que estamos dispuestas/os a trabajar”.
24 julio 2007
Bufete Popular "Boris Vega"
Historia y logros
Durante más de 15 años el BPBV ha sido vanguardia en la defensa de los derechos humanos de la población nicaragüense más empobrecida, en la promoción de la cultura jurídica popular y de la participación ciudadana para la incidencia en las políticas públicas.
En el año 2003, el BPBV firma un Convenio de Cooperación con la Defensoría Pública de Nicaragua estableciendo bases de un nuevo modelo de servicio jurídico público, gratuito y de calidad, en todas las materias del derecho, a favor de los sectores sociales de escasos recursos, con vocación de extenderse a los demás departamentos del país y de ser una buena praxis a nivel centroamericano.
En 2005, el BPBV formuló su segundo Plan Estratégico para el período 2006-2010.
En abril de 2006, los alcaldes de los municipios del departamento de Masaya, con el ánimo de promover la gobernabilidad democrática y el desarrollo local sostenible, firmaron un aval edilicio manifestando su disposición de suscribir convenios de colaboración con el BPBV en el marco de su Plan Estratégico y de los planes de desarrollo.
Usuarios y usuarias del BPBV en el acto del 15 aniversario, 15-11-2005.
Programas 2006-2010
Programa de Acceso a la Justicia
Colaboramos con el Estado para garantizar el servicio jurídico, gratuito y de calidad a los sectores vulnerables, en todas las ramas del derecho. Asimismo nos proponemos contribuir a la eliminación de la impunidad y de la reincidencia en los delitos de violencia contra mujeres, niños y adolescentes. Casos que se atienden: 2,830 familia por año (70% mujeres).
Programa de Cultura Jurídica y Democracia Participativa
Promovemos una nueva cultura ciudadana que fomente la democracia participativa, con enfoque de género. Contribuimos al fortalecimiento de las organizaciones sociales de base y acompañamos procesos de incidencia para que las políticas públicas de los gobiernos municipales incorporen sus demandas. Se capacitan, forman y sensibilizan anualmente 400 líderes y liderezas de comunidades rurales y barrios urbanos.
Programa de DDHH de Trabajadoras y Trabajadores de Zonas Francas
Contribuimos al respecto de los derechos laborales y sindicales en la ZF de departamento de Masaya: 300 demandas judiciales anuales reclamando cumplimiento de derechos; formación y promoción sindical; movilización y denuncia.
Programa de Estabilidad en la Propiedad
Contribuimos a la estabilidad en la propiedad de la vivienda de los barrios populares y asentamientos humanos espontáneos, protegiendo ese patrimonio a favor de las mujeres y sus hijos/as menores: 6 barrios o asentamientos legalizados por año, con población promedio de 150 familias.
Programa de Protección al Medio Ambiente
Contribuimos a la efectiva y eficaz aplicación de la ley para la protección del medio ambiente, capacitando y sensibilizando tanto a funcionarios públicos como a líderes y lideresas comunitarios y promoviendo la contraloría social ambiental.
Servicios que ofrecemos
- Atención jurídica-legal en todas las materias del derecho (defensa penal, civil, familia, laboral, agrario, administrativo), en Convenio con la Defensoría Pública
- Atención integral a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y sexual
- Trabajo notarial
- Resolución alterna de conflictos
- Tramitación de personalidad jurídica
- Capacitación de personalidad jurídica
- Capacitación y divulgación jurídica popular
- Formación de facilitadotas-promotoras jurídicas
- Capacitación, acompañamiento organizativo, asesoría jurídica, contable y fiscal, de organizaciones sociales
- Legalización de terrenos para vivienda en barrios populares
- Asesoría, acompañamiento y capacitación para la participación ciudadana y la incidencia política
- Control constitucional (recursos de amparo y por inconstitucionalidad)
- Consultorías
Todos los programas, proyectos y actividades tienen enfoque transversal de género y de construcción de ciudadanía.
03 mayo 2007
ACTA DEL JURADO...
ACTA DEL JURADO
CONSTITUIDO EN SESION EL DIA TRES DE MAYO DE 2007,
PARA FALLAR EL PREMIO ÚNICO DEL CONCURSO
CONSTITUIDO EN SESION EL DIA TRES DE MAYO DE 2007,
PARA FALLAR EL PREMIO ÚNICO DEL CONCURSO
DE REALIZACIÓN DEL LOGOTIPO DEL PROGRAMA RADIAL
“MASAYA; HAGAMOS CIUDADANÍA”, CONVOCADO POR
EL BUFETE POPULAR “BORIS VEGA” (BPBV) DE MASAYA
En la ciudad de Masaya, a las diez horas de la mañana del día tres de mayo de dos mil siete, se reúne el Jurado nombrado por el Bufete Popular “Boris Vega” para fallar el PREMIO ÚNICO DEL CONCURSO DE REALIZACIÓN DEL LOGOTIPO DEL PROGRAMA RADIAL “MASAYA; HAGAMOS CIUDADANÍA”, de conformidad con las bases o reglas hechas públicas oportunamente.
Integran este Jurado los artistas: Erick González, Ana Gabriela Padilla y Carlos Trejos.
El Jurado procede, en primer lugar, a dar formal admisión a los trabajos y autores que cumplan con los requisitos básicos de las reglas del concurso. En seguida, el Jurado fija el método para la selección de un único trabajo ganador entre los admitidos. La lista de trabajos presentados y admitidos figuran en la relación que al respecto se adjunta a esta acta.
Una vez hecho lo anterior, se inicia la fase de adjudicación del PREMIO ÚNICO consistente en cien dólares netos (US $ 100.00), el cual, mediante un procedimiento deliberativo llevado a votación entre los miembros del Jurado, se otorga por mayoría a una de las dos propuestas de logotipo presentadas por Mauricio Martínez Montiel, constituyéndose en este acto en el ganador de la convocatoria.
A las once horas de la mañana se da por concluida la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los tres miembros del Jurado.
Erick González (f) Carlos Trejos (f) Ana Gabriela Padilla (f)
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TRABAJOS PRESENTADOS Y ADMITIDOS
AL CONCURSO DE REALIZACIÓN DEL LOGOTIPO
DEL PROGRAMA RADIAL
“MASAYA, HAGAMOS CIUDADANÍA”, CONVOCADO POR
EL BUFETE POPULAR “BORIS VEGA” (BPBV) DE MASAYA
Nosotros, miembros del Jurado designado por el BPBV para la resolución de este concurso, certificamos la admisión formal de los trabajos que se señalan en la siguiente tabla, dando fe asimismo de haberlos recibido por parte del BPBV en sobre cerrado.
Masaya, a los tres días del mes de mayo de dos mil siete.
Erick González (f) Carlos Trejos (f) Ana Gabriela Padilla (f)
11 abril 2007
Los cambios se imponen...
LOS CAMBIOS SE IMPONEN PARA EL GÉNERO MASCULINO
Y ELLO BENEFICIA A MUJERES Y A VARONES
Y ELLO BENEFICIA A MUJERES Y A VARONES
Por MARÍA DOLORES GÓMEZ SANZ
1. Introducción
La sociedad patriarcal se ha venido construyendo y cimentando, desde muchos siglos atrás, perdurando de generación en generación a través múltiples mecanismos de socialización, asignando roles y mandatos, imponiendo permisos y prohibiciones, claramente diferenciados según se nace con sexo de hombre o de mujer, construyéndose así los géneros masculino y femenino de modo tal que las diferencias biológicas se convierten -como si ello fuera ley natural- en desigualdades de derechos y oportunidades, en discriminaciones, desventajas, opresiones, desvalorizaciones y violencias en contra de las mujeres que son sometidas al poder de los varones.
Para las mujeres, al ser la parte más perdidosa de la relación, nos es más fácil una toma de conciencia y una lucha por nuestra liberación. Por ello el movimiento feminista ha venido creciendo durante las últimas décadas siendo un factor de impacto social de primer orden y estimulando cambios hacia la equidad de género.
También el sistema patriarcal oprime a los varones; sin embargo, la toma de conciencia de género de ellos que les impulse a realizar cambios es muy difícil debido al poder, privilegios y ventajas de que gozan en este tipo de sociedad. Los cambios hacia la progresiva deconstrucción y equidad de género, más allá de la voluntad de los varones, se imponen y no sólo por el avance feminista si no por múltiples factores que vienen caracterizando el cambio de época que estamos viviendo.
El objetivo de este trabajo es explicitar cómo el sistema patriarcal oprime también a los varones, por qué es tan difícil –sin embargo- la toma de conciencia y movilización para el cambio de ellos y los factores externos a ellos mismos que les imponen cambios de los cuales también se beneficiarán.
2. La opresión que el sistema patriarcal provoca en los varones.
El género masculino se ha venido construyendo sobre una base sexualizada y la masculinidad es sinónima de virilidad asociada al falo y al uso o abuso del mismo. Al ser humano que nace con pene, se le llama hombre. Sin embargo, “ser hombre” es mucho más que poseer el órgano anatómico, puesto que hay que aprender toda una forma de pensar, sentir, expresar, actuar, comunicar, ejercer poder de dominación sobre otros seres y sobre las mujeres en particular, para demostrar que se es “verdaderamente hombre”. Todo ello construye el género masculino o masculinidad.
Esas formas y requisitos genéricos que por nacer con pene hay que cumplir se convierten para los varones en cárceles agobiantes puesto que si no son capaces del adecuado cumplimiento pueden ser considerados “no hombres” y si no son hombres, entonces ¿qué son?. Una situación así se vive con gran angustia y desequilibrio emocional. Al haberse construido binariamente las identidades de forma que todo es masculino o femenino, o sea, o sos hombre o sos mujer, ante el cuestionamiento de “no ser hombre” no queda más que decir que sos mujer u homosexual con toda la carga peyorativa que ello tiene. La renuncia a lo femenino, además de fundamentarse en el miedo a ser considerado homosexual, se explica por la desvalorización y menosprecio que históricamente se ha dado hacia el mundo femenino. En el sistema patriarcal que sufrimos, lo importante, lo que tiene valor sustantivo, lo exaltado por la sociedad y los medios de comunicación, es lo relacionado con la productividad, el ámbito público, el poder político y poder en todas sus expresiones, la racionalidad, la productividad, la individualidad, todo ello asociado a la masculinidad; mientras, el mundo de la afectividad, la intuición, las emociones, la compasión, la empatía, forman parte del mundo femenino, no son temas considerados en las políticas ni son temas de importancia considerada para el desarrollo de la sociedad.
Podemos hablar de una masculinidad hegemónica o del hombre ideal identificado con el varón blanco, joven, casado, heterosexual, procreador, urbano, profesional, con trabajo de tiempo completo, proveedor de su hogar, de pene grande, con esposa fiel, con amantes, de buen aspecto, líder, fuerte, que no tiene miedo. También hablamos de una masculinidad subordinada, es decir, la de aquellos varones que no cumplen ese estándar por ser campesinos, indígenas, homosexuales, tener pene pequeño, ser pobres, en desempleo estacionario o crónico, miedosos, no tienen éxito con las mujeres, etc.
Los varones de masculinidad hegemónica pasan toda su vida en el “estrés” de demostrar que son esos hombres, capaces de proveer en solitario las necesidades de su núcleo familiar, de tener potencia y apetito sexual sin límites, de tener éxito social y poder demostrarlo con arrogancia, debiendo ser fuertes físicamente, bruscos y agresivos en sus relaciones, dominadores de sus mujeres, legitimados para ejercer violencia (verbal, psicológica, física, sexual o de cualquier naturaleza). Los varones de masculinidad subordinada, además del mismo estrés, sufren vergüenza ante su propio género, baja autoestima, depresiones y otras vivencias negativas de sí mismos y con el entorno, lo que a menudo intentan compensar ejerciendo o incrementando la violencia en su hogar o el abuso sexual en su entorno para demostrar así su hombría cuestionada y autocuestionada, o consumiendo alcohol, drogas u otros mecanismos autodestructivos conscientes o inconscientes. También el consumo de alcohol y drogas va parejo a la masculinidad dominante, a como se publicita del licor que su consumo es de “hombres muy hombres”, por ejemplo.
¿Son felices los varones viviendo ese estrés?. ¿Son felices los varones agresores?. ¿Son felices los varones cuya masculinidad es hegemónica o subordinada?. Obviamente debemos contestar que no. En esta construcción de la masculinidad se impide a los varones experimentar conscientemente toda la diversidad fascinante de emociones, el placer de cuidar de los otros, el gozar de la niñez y crianza de sus hijos/as, la plenitud de una relación de pares con las mujeres, el placer de un orgasmo integral y no sólo genital, la empatía en las relaciones interpersonales, la amistad profunda y relación de intimidad con personas de su mismo sexo; y no es que los hombres no tengan todas esas necesidades emocionales y afectivas, si no que se le reprimen y se las auto reprime inconscientemente para cumplir el rol genérico asignado, con lo que queda mermado y frustrado su potencial humano. Por otro lado, la afirmación de la identidad masculina impele a los hombres a comportamientos sociales y sexuales que se basan en correr riesgos, en la falta de cuido de ellos mismos, en la indiferencia preventiva, lo que les conlleva una mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades, tener que enfrentar embarazos no deseados, no ser sujetos de políticas públicas para sus propias necesidades de salud reproductiva y un largo etcétera de perjuicios. La masculinidad se ha transformado así en alienación ya que implica suprimir emociones, sentimientos y negar necesidades. El varón llega a temer que si muestra su debilidad humana, si experimenta y demuestra sentimientos de ternura y afecto , puede ser confundido y cuestionado en cuanto a su hombría y se siente obligado a creer que la mujer le pertenece y que las relaciones con ella deben ser más de poder que afectivas. La gran paradoja del sistema patriarcal es que las formas dañinas de la masculinidad dentro de esta sociedad androcéntrica son perjudiciales no sólo para las mujeres, sino también para los mismos varones.
3. Dificultades para la toma de conciencia de los hombres.
Si los hombres son también oprimidos por el sistema patriarcal, ¿por qué no toman conciencia de su propia condición y luchan y se mobilizan para el cambio?, ¿qué factores principalmente se lo impiden?.
Para la mayoría de los varones de nuestras sociedades, el comprometerse en un esfuerzo por deconstruir la masculinidad tradicional sería signo de homosexualidad o cochonería y el temor a esa estigmatización paraliza cualquier intento de desaprender el machismo.
Pero también el sistema patriarcal conlleva para los varones ventajas y privilegios de tal arraigo y dimensión que hacen muy difícil su toma de conciencia para el cambio. En el balance “qué gano, qué pierdo” ellos no son capaces de visualizar significativas o sustantivas ganancias con la transformación de la sociedad patriarcal en una sociedad con equidad de género y con cualquier pequeño cambio cosmético sentencian que ya no son machistas para así perpetuar sus ventajas.
La socialización primaria de los varones en la familia, escuela, barrio, sociedad en su conjunto, está sustentada en dos ejes centrales: la pedagogía de la violencia y la pedagogía del privilegio. La primera les enseña a ser fuertes y agresivos, a ostentar poder de dominación; la segunda va enraizando y naturalizando muy significativas ventajas del ser hombre, fundamentalmente en el ámbito doméstico en el que las mujeres y las niñas son sus servidoras, empleadas domésticas gratuitas, únicas responsables de todas las tareas necesarias para la crianza de los hijos e hijas comunes. Las tareas domésticas y las de crianza nunca se acaban, son agotadoras y no tienen remuneración, prestigio ni reconocimiento. Los varones nacen liberados de todas ellas a costa de las mujeres que nacen ya con esa responsabilidad a cuestas, subordinadas a los varones con esa suerte de esclavitud. Los varones pueden ser para sí, tener tiempo para sí mismos, planificar su ocio, autoafirmarse individualmente, a costa de las mujeres que son para los demás por construcción genérica y nunca tienen el tiempo para dedicarse a ellas. El hombre se construye con derechos en exclusiva y los privilegios del amo que consciente e inconscientemente impone a través de múltiples estrategias y, de ser necesario, utilizando la violencia. La violencia no tiene porqué ser siempre brutalmente física, si no que muchas sutilezas que se han conceptualizado como micromachismos constituyen una verdadera violencia de género que los varones ejercitan expertamente para mantener sus privilegios y espacios. Se han acuñado (1) distintas clases de micromachismos, agrupando conductas, gestos, expresiones, siendo el “vampirismo” un clarísimo ejemplo que según Luis Bobino significa el “cómo los varones aprovechan abusivamente para sí los beneficios de la capacidad de cuidado femenino ya que la imposición de disponibilidad femenina hacia el varón, acrecienta la calidad de vida de él a expensas de la mujer, sin que éste (ni la cultura patriarcal) habitualmente lo reconozcan”.
Los privilegios que el hombre goza en el ámbito laboral, social, familiar, doméstico unido al miedo que sienten de ser señalados como sospechosos de su hombría o de ser no-hombres, son poderosos obstáculos que se convierten en férreas resistencias para la toma de conciencia y movilización para el cambio de los hombres.
4. Factores que imponen cambios al género masculino,
beneficiosos para ellas y para ellos.
El inmovilismo de los varones para el cambio (salvo rarísimas y encomiables excepciones) no impide que los cambios se vayan imponiendo, por el empuje de factores externos su voluntad.
Actualmente se está hablando de una crisis de la masculinidad a causa de los cambios ocurridos en el campo cultural, económico y social; parte de estos cambios lo constituye la progresiva liberación y mayor integración de la mujer en el espacio público. La lucha de las mujeres para hacer desaparecer el patriarcado ha conseguido disminuir la influencia de éste en algunas estructuras políticas, sociales y económicas. La progresiva toma de conciencia de las mujeres que se extiende es factor de gran impacto social, que raya transversalmente espacios públicos y privados (centros de trabajo, grupos sociales, liderazgo comunitario, talleres, conferencias, seminarios, pláticas en la calle, en la casa, en la cama….); no se visualiza toda su dimensión en los medios de comunicación de consumo masivo pero forman ya parte irrefutable e irreversible de la realidad. Ello también provoca un incremento de la violencia en contra de las mujeres que se “insubordinan” pero afortunadamente ya está en todas las agendas políticas el tema de la violencia para un enfrentamiento social e institucional y, aunque todavía hay muchísimo por hacer, se viene avanzando. El empuje del feminismo ha afectado el desequilibrio de poder que existía entre ambos géneros, con una tendencia a la mayor equidad entre hombres y mujeres, aun cuando el espacio doméstico sigue siendo de responsabilidad femenina y el hombre solamente coopera cuando quiere y puede.
Sin embargo, no es únicamente la toma de conciencia de las mujeres la que empuja a los cambios si no también los factores de transformación que están caracterizando el cambio de época en que vivimos, la construcción de nuevos paradigmas. Una gran influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación, la transformación del sistema productivo, la globalización, las rupturas moralistas dominantes en las culturas, entre otros factores.
Se están dando importantes transformaciones en nuestros países que provocan (y a veces provienen de) cambios en las relaciones de género. Algunas son (2): el acelerado proceso de urbanización, cambios en la infraestructura económica con la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, el deterioro del poder adquisitivo lo que impulsa a más miembros de la familia a trabajar por un salario, muchos de ellos mujeres; la creciente migración interna y a otros países; cambios en la organización familiar; tendencia a relaciones de género de mayor equidad en campos cada vez mas diversificados como por ejemplo la educación y la política y la progresiva toma de conciencia social alrededor de los derechos humanos, la democracia participativa, la construcción de ciudadanía, la recuperación de valores éticos, entre otros.
Debemos empujar, sumar a los cambios así como remover resistencias, pues no se trata de “dar la vuelta a la tortilla” y que ahora las mujeres estén encima de los hombres, si no romper toda subordinación y construir una nueva sociedad con equidad de género, en igualdad de derechos y de obligaciones, en suma, ser todos y todas más felices.
5. Conclusiones y visiones de futuro.
El sistema patriarcal provoca en los varones opresiones, insatisfacciones, traumas, merma de su potencial humano integral, altas o importantes dosis de estrés y de ansiedad al tener que estar continuamente demostrando que “son hombres“ según la construcción genérica dominante de masculinidad (y que cada vez menos varones cumplen). Sin embargo, su toma de conciencia de género que provoque una movilización para el cambio, es muy difícil por dos razones fundamentales: a) el miedo a ser considerados no-hombres u homosexuales en caso de involucrarse en procesos de desaprender a ser machistas; y b) los privilegios y ventajas que el sistema les proporciona a costa de la subordinación y desvalorización de las mujeres, especialmente en el ámbito doméstico, los cuales lejos de estar dispuestos a perder se aferran en mantener recurriendo a todo tipo de estrategias, incluida la violencia, violencia sutil en el caso de los micromachismos o violencia física y sexual que consideran legítima para mantener el orden estatuido.
Con la voluntad y cooperación de los varones o sin ellas, los cambios se imponen y también a ellos benefician. El avance y penetración del movimiento feminista, la toma de conciencia de las mujeres movilizadas para su liberación, son un factor importante y decisivo para los cambios, pero no el único. El cambio de época en que estamos viviendo promueve múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, que impulsan deconstrucciones y reconstrucciones genéricas y promueven una sociedad con equidad de género.
Debe desmitificarse la creencia de que son los hombres los grandes beneficiados del patriarcado, los privilegiados, mostrando las grandes desventajas que también tiene para ellos la cultura actual de género. Este aspecto es de máxima importancia, puesto que el cambio de planteamientos será más viable y a menor plazo, en la medida que ellos sientan que dicho cambio también les beneficia.
Debe ir emergiendo una nueva identidad humana-social, de aprender desde que nacemos a ser personas humanas más que aprender a ser hombres o mujeres. Esa identidad estará basada en igualdad de derechos y obligaciones, en la construcción de ciudadanía; socializar a partir de los derechos humanos que son universales, sin distinciones de géneros. Construir una identidad a partir de ser especie humana diferenciada de otras especies animales, vegetales o minerales que existen en la naturaleza pero siempre construida en el respeto irrestricto de la vida de todos los seres de la creación.
En el futuro, la cuestión de la inequidad de género dejará de ser asunto de mujeres y pasará a ser una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres.
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NOTAS
1. Luis Bobino Méndez: Micromachismos, la violencia invisible en la pareja. 1ª. edición, 1998.
2. Benno de Keijzer: Hasta donde el cuerpo aguante: Género, Cuerpo y Salud Masculina.
BIBLIOGRAFÍA
- Robert W. Connel: La organización social de la Masculinidad.
- Benno de Keijzer: Hasta donde el cuerpo aguante: Género, Cuerpo y Salud Masculina
- Luis Bobino Méndez: MICROMACHISMOS La violencia invisible en la pareja
- Rafael Montesinos: Los cambios de la Masculinidad como expresión de la transición social
- Mario Malespín, Jairo Luna, Jimmy Flores, Neus Andreu: El enfoque masculino de la inequidad de género.
La necesidad de trascender...
LA NECESIDAD DE TRANSCENDER LAS DICOTOMÍAS GENÉRICAS
Y EL SISTEMA BINARIO DE IDENTIDADES
(A partir de textos de Marcela Lagarde De los Ríos y de Virgina Maquiera D´Angelo)
Y EL SISTEMA BINARIO DE IDENTIDADES
(A partir de textos de Marcela Lagarde De los Ríos y de Virgina Maquiera D´Angelo)
por MARÍA DOLORES GÓMEZ SANZ
Las mujeres siempre hemos experimentado en carne propia y desde temprana edad nuestra subordinación, discriminación negativa, desigualdad de derechos, desvalorización a nuestro ser-sexo, con relación al varón y por parte de la sociedad en su conjunto, lo que no podíamos explicarnos porque se nos inculca que eso es “por naturaleza”, como un fatal determinismo biológico que deviene de una ley natural e incluso de una “ley divina” inmutable por tanto. Sólo por el hecho biológico y no elegido de haber nacido con útero y ovarios se nos impone ese sometimiento.
Muchos testimonios de mujeres recogidos en conversaciones cotidianas afirman que ya desde pequeñas o adolescentes “deseaban ser varón” porque miraban los privilegios que tenían sus hermanos o sus padres únicamente justificados por una diferencia de sexo. Esos privilegios sustentados férreamente en el seno familiar desde el nacimiento, se manifestaban escandalosamente para muchas adolescentes y jóvenes tanto en el ámbito de la casa (hacer en exclusiva las tareas domésticas y servir a los varones, aún incluso cuando ellas tal vez también estudiaran o trabajaran “fuera”), como en el ámbito de la calle (no podés llegar tarde porque te pueden violar -a los varones no los violan-, las mujeres no pueden salir de noche, mucho menos solas; tu hermano sí, porque es varón…).
A mediados del siglo XX, la francesa Simone de Beauvoir afirmó que la mujer no nace, se hace. Ello fue detonante o iluminación para que muchas mujeres rebeldes pero que no sabían aún cómo argumentar o señalar críticamente las raíces de su discriminación negativa objetivamente constatable en la práctica, iniciaran a sentar bases del conocimiento para explicar el fenómeno de su subordinación y desarrollar estudios críticos de esa su “condición” en el mundo que naturalizaba su diferencia de sexo en desigualdad. Surge así el feminismo como movimiento social y político de transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, levantando la bandera de la emancipación.
Las mujeres feministas del mundo académico asumieron el reto de transformar las bases del conocimiento como premisa necesaria para el logro de los objetivos emancipadores del feminismo y señalaron enfáticamente el sesgo androcéntrico en toda la dimensión epistemológica (del sujeto, del objeto y del método), en los estudios precedentes. Empezar a superar esta distorsión científicamente acumulada fue posible al acuñar el género como categoría de análisis para designar la elaboración cultural de las asignaciones y mandatos atribuidos a hombres y mujeres. Conceptualizar el género como categoría fue un grandísimo avance para entender que la relación entre hombres y mujeres no es un fenómeno natural inmutable si no una construcción histórico-social-cultural y por tanto, susceptible de deconstrucción, de cambio.
Lourdes Benerías define el concepto de género como el “conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social que tiene varias características. En primer lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles tales como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos y actividades de tal modo que los que se definen como masculinos se les atribuya mayor valor”, señalando así claramente que la condición genérica no es una cuestión natural asociada a la biología de nacer con uno u otro sexo.
A lo largo de las últimas décadas se ha venido investigando interdisciplinariamente, con énfasis en la antropología, teorizando acerca de la categoría género, del sistema de género, del sistema de sexo y género, para explicar y develar lo insostenible de lo históricamente sostenido por una sociedad hegemónicamente dominada y transversalmente normada por varones a la par de mujeres asumiendo y acomodándose a su estatus y reproduciendo en la crianza de sus hijos el sistema.
Al extraerse el género como categoría de análisis distinta del sexo se va teorizando cómo al sexo biológico femenino se le asignan socialmente toda una serie de roles y mandatos que construyen el género mujer y que giran alrededor de la maternidad, crianza de los hijos, actividades domésticas -que no son consideradas como trabajo productivo y por tanto sin valor económico-, relaciones sociales de ámbito privado, etc., mientras que a los seres nacidos con sexo masculino la sociedad les impone roles y mandatos que construyen el género varón y que giran en torno al trabajo productivo remunerado económicamente, el deber proveedor de sus seres desvalidos (esposas e hijos/as menores), su participación en las esferas públicas, políticas, militares en donde se construye historia y cultura, etc. Esta asignación diferenciada de roles y mandatos atribuye un poder y un valor positivo y superior a todo lo masculino y una subordinación y desvalorización a lo femenino, generando unas relaciones de opresión y desigualdad.
La construcción social de los géneros va conceptualizando dicotomías como las de contraponer naturaleza a cultura, esfera privada o doméstica a esfera pública, trabajo improductivo a trabajo productivo, reproducción a producción, sentimiento a razón, y muchas otras, siendo las primeras de mujeres y las segundas de varones. Este análisis social tiene una gran relevancia en la justificación de la desigualdad toda vez que cada polo de la dualidad se articula ideológicamente de una manera jerárquica atribuyendo mayor preponderancia, poder y valor a lo atribuido a varones contra la invisibilización de las actividades de las mujeres por estar en el polo dual de lo considerado sin valor.
La oposición entre lo “doméstico” y lo “público” como un resumen de las dicotomías permite identificar y explorar la situación masculina y femenina en los aspectos psicológicos, culturales, sociales y económicos de la vida de la humanidad y ha sido eje fundamental del debate feminista. Estas dualidades respectivamente asignadas no provienen de un hecho biológico si no de un hecho casi universal en la experiencia humana, el hecho de que en la mayoría de las sociedades tradicionales, las mujeres pasan una buena parte de su vida de adultas pariendo y cuidando a sus hijos/as. Estas características universales se apoyan en la organización social y, por tanto, en consideraciones sociales y no biológicas .
Además de esa dicotomía, Marcela Lagarde también habla del sistema binario de identidades, señalando que todo en nuestro mundo es femenino o masculino. La identidad se organiza a través de una metodología sociocultural histórica, no por biología o naturaleza. Las identidades son producto de un sistema de clasificación de los seres humanos de tal forma que todos somos afirmación y negación, afirmamos una identidad y negamos otra u otras: si soy mujer no soy hombre. En un mundo de clasificaciones ser algo significa no ser otro y en este sistema de especializaciones unas somos especializadas mujeres y otros son especializados hombres. La identidad de género no es la única, existen otras dimensiones (identidad en cuanto a raza, a características corporales, a nacionalidad, a gremio, etc.). Las mujeres estamos clasificadas genéricamente a partir del sexo, lo que implica deberes y prohibiciones, pero además pertenecemos a mundos. No es lo mismo ser mujer en africana que europea, o vivir en el siglo XXI que haber vivido en la edad media, por ejemplo. (Es lo que distinguimos como “condición” -de mujer- y “situación” -en el mundo y la sociedad-).
Este sistema de binario identidades en el que todo en nuestro mundo es femenino o masculino, es rígido, represivo y culpabilizante lo que son mecanismos para asegurar la pervivencia del sistema. Por ejemplo, cuando una mujer asume cosas distintas de lo dominante en su condición es considerada hombre. No tenemos conceptos de neutralidad, la conceptualización posible de otros géneros o la apertura a otras dimensiones. La identidad asignada es aprendida de aquellas personas más afectivamente relacionadas desde que nacemos y las transgresiones de género significan la confrontación con el deber ser y las figuras centrales en la pedagogía del género. A la inversa, el cumplimiento con el mandato de género es vivido con la satisfacción de la obediencia en relación con el deber ser y con las figuras que nos enseñaron a ser así. Este sistema binario de identidades genéricas se considera como “natural” y si alguien lo cambia se considera que es una persona anormal o enferma. Es más, todo lo relacionado al sexo o lo tiene que ver con los géneros está estructurado socialmente como un sistema de “lo permitido” y “lo prohibido” convirtiéndose las prohibiciones en tabúes que tienen una connotación sacralizada puesto que se considera provienen de poderes sobrenaturales y cuando se transgrede un tabú se está atentando contra un algo natural que constituye un orden previo obligatorio. Desde esta perspectiva, las normas genéricas duales se vuelven fronteras tabuadas y pasarse al otro lado es violentar el “tabú”. No es sólo desobedecer una norma mundana laica, sino sagrada, pues no se requiere tener una religión para tener estructuras sagradas internalizadas.
Pensando en una necesaria liberación de estas opresiones, tanto de la sociedad en su conjunto, como en particular de los grupos que desde esas perspectivas se consideran transgresores, es necesario superar las categorías y conceptos que se han venido construyendo.
En los últimos años, el propio movimiento feminista ha iniciado una autocrítica a sus propias conceptualizaciones y abierto nuevos debates tendentes a superar ese pensamiento dicotómico en las construcción de los géneros así como ese sistema binario de identidades.
Viginia Maquiera D’ Angelo, ya en esta primera década del Siglo XXI, habla de la necesidad de transcender el esquema dicotómico y binario haciendo importantes aportes al debate teórico contemporáneo. Hace eco de la autocrítica que Michelle Rosaldo se hizo a sus propios trabajos precedentes sobre la dicotomía doméstico/público porque descubrió que la misma se fundamenta en los enfoques y modelos teóricos de las ciencias sociales desarrollados a comienzos del siglo XX cuyos teóricos (varones) coincidieron en asumir que el lugar de las mujeres era el hogar manteniendo axiomáticamente la división entre familia y sociedad. Los científicos sociales del modernismo repartieron los papeles en términos dicotómicos y opuestos y describieron a las mujeres no como realmente eran, si no como ellos consideraban que debían ser, y lo hicieron a partir de un esquema conceptual que oponía lo “natural” a lo “moral” y que se correspondía con una visión del ámbito privado “naturalizado”. La investigación feminista había asumido inconscientemente estereotipos esencialistas admitiendo lo doméstico como la unidad mínima de la madre con su prole como algo “naturalmente” universal dictado por la realidad biológica de la reproducción y que asocia la construcción de la categoría mujer con determinados atributos de la maternidad, es decir, la crianza, el amor maternal y el hogar, que se presuponen como aspectos invariables en la experiencia e identidad de las mujeres. Debe quedar claro, entonces, que no se discute el hecho incontrovertible de que las mujeres dan a luz, si no que este hecho está sujeto a interpretación cultural es en sí mismo un hecho cultural, al igual que los diferentes significados atribuidos al ser mujer.
Rosaldo señala la tendencia de querer encontrar diferencias esenciales entre hombres y mujeres en lugar de visualizar cómo esas diferencias son creadas por relaciones sociales y especialmente por relaciones de desigualdad. La razón patriarcal occidental ha teorizado la alteridad como diferencia psicobiológica esencialista pero ha ocultado las relaciones sociales que la producen y por tanto su carácter histórico y político. Este planteamiento dio un giro en los estudios de género al invertir la lógica de análisis. Ya no son las diferencias acuñadas dicotómicamente entre hombres y mujeres ancladas en distinciones de orden biológico las que explican la desigualdad, sino que es la desigualdad la que construye tales distinciones y diferencias.
A pesar de estos avances y debates teóricos actuales, la creencia dominante de las supuestas diferencias biológicas entre hombres y mujeres y su correlato en la organización social siguen siendo persistiendo. Por ello la teorización feminista se ha esforzado en distinguir entre sexo y género, entendiendo por sexo las características anatómicas de los cuerpos, incluida la genitalidad, así como las características morfológicas del aparato reproductor y aspectos tales como diferencias hormonales y cromosómicas. El término género se reservó para designar la elaboración cultural de lo femenino y lo masculino. En este esfuerzo estaba en juego disociar un aspecto de otro para probar que el lugar de hombres y mujeres en la estructura social depende de la organización social y cultural y no de las supuestas diferencias biológicas.
Con relación al sistema binario de construir las identidades según el cual sólo existen dos géneros, masculino y femenino, construidos a partir de dos sexos predeterminados (el que tiene características físicas y biológicas que son de hombres o de mujeres, respectivamente) de modo tal que o soy uno o soy otra, también está en cuestión. Por un lado, los datos de la biología ponen en cuestión la existencia de un sistema sexual bilopar; al menos puede hablarse cinco sexos, tal vez más, lo que médicamente se llama interxexo que aglutina los tres subgrupos principales que contienen alguna mezcla de características masculinas y femeninas (herms o hermafroditas, merms atributos masculinos y femeninos con predominancia de los primeros y ferms a la inversa). Especialistas estiman que el 4% de la población en intersexo, lo cual es una buena cantidad de seres humanos.
Por otro lado, este sistema sexo/género está construido a partir de la visión de los estereotipos heterosexuales reproductivos hegemónicos y dominantes, excluyendo a las minorías sexuales a las que relega, sin más explicación que la de no cumplir con el comportamiento asignado, a la categoría de seres “anormales” transgresores de leyes sobrenaturales.
Estas corrientes de investigación cuestionan tanto los dualismos exacerbados entre los sexos, como la dicotomía naturaleza/cultura sobre la cual se ha construido también la distinción sexo/género y revelan que ambos polos de la dicotomía no son mutuamente excluyentes. En su lugar se adopta una perspectiva dialéctica para mostrar múltiples interacciones y la influencia recíproca ente la cultura y la biología. La sexualidad es también una construcción histórica, social y cultural. Asimismo se aboga por la elaboración de nuevos marcos conceptuales que permitan abonar una perspectiva reedificadora.
Esta crítica está siendo asumida y desarrollada por diversas autoras y autores actuales y la antropología ha sumado datos etnográficos e históricos para fundamentar que como conceptos sexo y género son construcciones culturales y sociales, abandonando el enfoque esencialista del sexo y concibiendo la sexualidad como construcción social.
La crítica del conocimiento es una tarea ineludible como parte del proyecto emancipatorio feminista que aspira a la transformación de las relaciones de desigualdad. Se hace urgente trascender las conceptualizaciones dicotómicas y duales para romper tabúes, liberar falsos moralismos represivos y romper cadenas sociales opresivas. Ello es una exigencia no sólo para hacer justicia a las mujeres si no también a las minorías sexuales y a las personas intersexo. El cambio de época posibilitará esta revolución pendiente.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:
-Facultad de Humanidades y Comunicación. MAESTRÍA “PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y DESARROLLO”, ASIGNATURA ORGANIZACIÓN GENÉRICA DE LA SOCIEDAD. Profesoras: Dra. Virginia Vargas, Msc. Ligia Arana García.
-Virgina Maquiera D’ Angelo: Género, diferencia y desigualdad, págs. 10-71.
-Marcela Lagarde De los Ríos: La identidad de género, págs. 90-126.
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